Estación Santa Fe

Esta es la conclusión a la que arribó el diputado Marcelo Gastaldi a raíz de un fallo judicial que lo involucra directamente y de la presentación de “una ley 10.000″ por parte de una organización de consumidores para que el Poder Ejecutivo reglamente una ley de su autoría.
La Justicia ordenó al Enapro entregar la documentación requerida por el diputado Gastaldi
“Es vergonzoso que nos obligaran a recurrir a la Justicia para tener acceso a información que es pública como convenios con los distintos concesionarios y actas de directorio”, comenzó sosteniendo Gastaldi. Es oportuno recordar que el diputado rosarino presentó un recurso de amparo sobre acceso a la información pública y su correspondiente cautelar, ya que desde el directorio del Enapro se negaron sistemáticamente a brindarle la documentación correspondiente.Lo medular de la resolución de Cámara afirma: “… en nuestro caso, la sustracción de materia planteada, por la satisfacción del interés del actor, se produciría al entregarle la información que había solicitado. Evidentemente, esa situación no se había producido al tiempo del dictado de la sentencia de grado, pues al actor nada se le entregó ni en el juicio ni fuera de él, sin perjuicio de no haberse acreditado que tampoco hubiera sido entregada a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia a la cual pertenece el accionante. Ahora bien, ese hecho terminó por ocurrir en esta instancia y como consecuencia de la medida para mejor proveer dispuesta por la Sala, donde el codemandado Enapro acompañó la documentación requerida por el actor en sobre, la que se ha puesto a su disposición, sin que haya formulado un cuestionamiento concreto en orden a la insuficiencia de la documentación acompañada”.“Se perdió tiempo sin sentido, se evitó transparentar el debate, mantenemos las mismas dudas sobre las decisiones tomadas, nos obligaron a judicializar un tema que debería haberse resuelto por los canales políticos institucionales existentes, el erario público volvió a perjudicarse, como puede observarse un hecho nada claro en la vida institucional de la Provincia”, finalizó Gastaldi.
Presentaron una ley 10.000
El Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria, a través de su Programa del Servicio de Asesoría al Consumidor presentó el viernes 16 de setiembre un recurso contencioso administrativo en el marco de la Ley 10.000 de intereses difusos, intimando al Gobierno de Santa Fe respecto de la reglamentación de la Ley Nº 13.112/10 (Registro No Llame).Esta norma, que fuera presentada en la Cámara de Diputados santafesina por el legislador Marcelo Gastaldi, y debatida junto a otras iniciativas de los diputados Pablo Javkin y Hugo Marcucci, permite que los usuarios que se inscriban en el registro creado dejen de recibir publicidad constante a través de distintos medios que las empresas utilizan para llegar a potenciales clientes.Enterado de la acción llevada adelante por la organización de la comunidad, el legislador rosarino, insistió con lo que viene manifestando desde hace tiempo. “El gobierno de Binner ‘ningunea’ el trabajo de otro poder del estado como la Legislatura, ya que no es la única ley que tiene vencido los plazos de reglamentación. Sin dudas los ciudadanos empezarán a buscar estos atajos que no le hacen para nada bien a la calidad institucional y a la necesaria convivencia de los poderes en un sistema republicano”.