Estación Santa Fe

Con esta afirmación, el diputado lamentó que el ministro de Economía no concurra esta semana a la Presidencia de la Cámara baja. “Si me tocara estar en su lugar, ya hubiese estado desde el lunes pasado en las escalinatas de la Legislatura, con documentación en mano, transparentando la información y dando las explicaciones necesarias que eviten acrecentar las sospechas”. Excepciones, privilegios y trato desigual.
“Es imprescindible explicar las razones por las cuales la Administración de Ingresos Públicos (API) inició una medida cautelar por 9.184.919,61 de pesos, embargando las cuentas del deudor, que luego sustituyó parcialmente por un seguro de caución por 1.410.738,22 de pesos y suspender provisoriamente la ejecución de la misma en la parte no sustituida. Es necesario recordar que hay una diferencia en perjuicio de la provincia de Santa Fe de 7.774.181,39 de pesos entre lo solicitado en un primer momento y lo acordado extrajudicialmente” indicó el legislador rosarino.
“Creen que un parte de prensa con información confusa y algunas salidas mediáticas del subsecretario de Ingresos Públicos Sergio Beccari alcanzan para aclarar. Lamento decirles que oscurecen y agregan más dudas que certezas. Son demasiadas las preguntas que están sin respuesta, y es por ello que necesariamente uno debe sospechar de la transacción ordenada por la administración del gobernador Hermes Binner”, insistió Gastaldi.
-¿De qué forma se garantizaron los 7.774.181,39 de pesos al momento de suspender provisoriamente la cautelar, teniendo en cuenta la importancia de dicha suma?
-¿Con qué compañía se contrató el seguro de caución por los 1.410.738,22 de pesos?
-¿Se analizó la solvencia de dicha compañía?
-¿Cuándo cobró la API la suma de 1.140.738,22 de pesos por la cual se había constituido el seguro de caución?
-¿Qué funcionario decidió la cautelar de traba de embargo de cuentas bancarias y qué funcionario decidió la suspensión parcial y la suspensión de la parte no sustituida?
“Prefieren anunciar “semanas cruciales por venir” que nunca llegan, y de esa forma encubren una relación con la concesionaria del puerto de Rosario que a todas luces es escandalosa” prosiguió el diputado rosarino.
A lo largo de su descripción, Gastaldi recordó: “A las sospechas de la modificación de la decisión de que los 150 millones de pesos de la relocalización del área operativa –que en un primer momento los pagaba el concesionario privado Terminal Puerto Rosario (TPR) y ahora serían abonados apelando al presupuesto provincial–, y a la inexplicable extensión de la concesión por siete años en beneficio de éste, por un monto de facturación de 350 millones de pesos, ahora se suma una dudosa maniobra con la API”.“Excepciones, privilegios, trato desigual, todas palabras que deberían evitarse al momento de administrar la «cosa pública», son moneda corriente en el diálogo entre la gestión Binner y el empresario privado del puerto”, finalizó Gastaldi.