Estación Santa Fe

Con esta afirmación, el diputado Marcelo Gastaldi definió lo que a su entender es una ajustada síntesis de la relación entre el gobernador y la empresa Terminal Puerto Rosario, a la luz de las distintas transacciones que se han dado en los últimos años.
“A las sospechas de la modificación de la decisión de que los 150 millones de pesos de la relocalización del área operativa –que en un primer momento los pagaba el concesionario privado Terminal Puerto Rosario (TPR) y ahora serían abonados desde el presupuesto provincial–, y a la inexplicable extensión de la concesión por siete años en beneficio de éste, por un monto de facturación de 350 millones de pesos, ahora se suma una dudosa maniobra con la Administración Provincial de Impuestos (API)”, fustigó el diputado provincial Marcelo Gastaldi.
Tomado conocimiento de la eventual existencia de una transacción respecto del impuesto de sellos adeudado por la concesionaria de la terminal multipropósito del Puerto de Rosario y/o Jorge Guillermo Pablo Salazar Boero, el legislador rosarino se presentó ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 13ª Nominación de Rosario, solicitando copia íntegra del expediente iniciado por la API. Del análisis de dichas actuaciones, caratuladas “API c/ Terminal Puerto Rosario S.A. y Salazar, Jorge Guillermo Pablo s/Medida Cautelar” (Expte. Nº 1383/08), se desprende lo siguiente:
En principio, el 28 de mayo de 2008 la API Rosario dicta la resolución 916-8/08, mediante la cual intima a TPR SA al pago de impuestos a sellos más sus respectivos intereses punitorios por la suma de 8.327.385,55 de pesos, debido a que la empresa no tributó oportunamente el gravamen correspondiente al contrato de concesión.
En segundo término, el 11 de noviembre de 2008 la API, contestando un recurso presentado por TPR SA contra la resolución ya citada, dicta la resolución Nº 542/08, mediante la cual rechaza el citado recurso, e intima a pagar a la empresa concesionaria de una de las terminales del Puerto de Rosario la suma de 9.184.919,61 de pesos (resultante de aplicar los intereses devengados a la anterior resolución).
En tercer lugar, el 18 de diciembre de 2008, y como consecuencia de que TPR SA no pagó la suma adeudada, la API, a través de su apoderada, la doctora Laura Elena Borrás, y con el patrocinio de los abogados de la Fiscalía de Estado Guillermo Peyrano, Analía Colombo y Juan Pablo Cifré, inicia un expediente judicial (“API c/Terminal Puerto Rosario SA y Salazar Boero, Guillermo Pablo s/Medida Cautelar”), tramitado ante el Juzgado de la 1ª Instancia de Distrito Civil y Comercial Nº 13, en el cual solicita y obtiene la traba de una cautelar consistente en el embargo preventivo de cuentas bancarias a Terminal Puerto Rosario SA y a Jorge Guillermo Pablo Salazar Boero por la suma de 9.184.919,61 de pesos, más intereses y costas futuras.
Por otra parte, el mismo 18 de diciembre de 2008, la jueza Giles, en suplencia de la titular a cargo del citado juzgado, resuelve trabar embargo sobre las cuentas de Terminal Puerto Rosario SA y Jorge Guillermo Pablo Salazar Boero hasta cumplir la suma de 9.184.919,61 de pesos, con más el 30 por ciento, en concepto de intereses y costas.
Posteriormente, el 7 de enero de 2009, la API solicita al juzgado, con la firma de la apoderada del API, Laura Borrás, y del abogado de Fiscalía de Estado, Guillermo Peyrano, habilitación de feria, informando a la jueza que la API ha aceptado sustituir parcialmente la cautelar ordenada hasta un monto de 1.410.738,22 de pesos por un seguro de caución, y suspender provisoriamente la ejecución de la misma en la parte no sustituida.
La saga continúa, y el 8 de enero de 2009, el juzgado resuelve sustituir parcialmente la cautelar ordenada por un seguro de caución hasta cubrir la suma de 1.410.738,22 de pesos; y, además, resuelve el levantamiento de la medida cautelar trabada por la suma de 7.774.181,39 de pesos.
“Como puede observarse del relato que antecede, surge claramente que la API ha iniciado una medida cautelar por 9.184.919,61 de pesos, que luego fue parcialmente sustituida por 1.410.738,22 de pesos, levantándose los embargos que originalmente se solicitó trabar, hecho que llama poderosamente la atención, ya que ellos representan 7.774.181,39 de pesos menos de lo intimado”, remarcó Gastaldi.
El diputado, luego del minucioso análisis de lo actuado por la API, remató: “Y no surgiendo de los autos referidos las razones por las cuales se realizaron estas presentaciones judiciales, es que entiendo que si se confirma la documental que tengo en mi poder, la relación de Binner con el concesionario del Puerto es escandalosa”.

Pedido de informe e interpelación a Sciara

Por otra parte, el diputado Gastaldi presentó un pedido de informes en el que solicita explicaciones acerca de los sugestivos cambios en las decisiones tomadas, relativas al pago de tributos provinciales (Impuesto de Sellos) originados por la suscripción del contrato de concesión –y el anexo de readecuación del mismo– de la terminal multipropósito del Puerto de Rosario entre el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) y la firma “Terminal Puerto Rosario SA”. Cabe recordar que hay una diferencia en perjuicio de la provincia de 7.774.181,39 de pesos entre lo solicitado en un primer momento y lo acordado extrajudicialmente.
Asimismo, el representante rosarino presentó un proyecto de resolución en el que convoca al ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Ángel Sciara, para que informe acerca de las eventuales negociaciones que pudieron haberse llevado a cabo con relación a la liquidación y eventual pago de tributos provinciales.