Estación Santa Fe

A partir de la disposición tomada por la Corte Suprema de Justicia de la provincia, por la cual se rechaza el recurso presentado por el Gobierno santafesino para que se detengan las audiencias en el caso de las Inundaciones de 2003, las voces de los afectados se hicieron escuchar por intermedio de sus representantes legales. Uno de ellos es Iván Cullen, quien explicó, por LT10, las implicancias de tal decisión.
Así, anticipó que “una comisión de expertos determinaría la responsabilidad de la provincia” durante un plazo de 90 días, y para evitar demoras “se tarifaría el daño”. Es decir, previo a que esa comisión “se expida, sabríamos que cada uno cobraría, de acuerdo a la responsabilidad que le asigne a la provincia, tantos pesos”. De este modo, el daño ya estaría tarifado, y la consecuencia inmediata sería su pago que, según se estima, sería en bonos. Una instancia anterior sería la aprobación de la Legislatura provincial. “Nuestra idea es que se comience a cobrar en los primeros meses del próximo año”, consignó el abogado.
Las condiciones de estas resoluciones se remiten a que “en materia de responsabilidad civil, que de eso se trata, la ley establece lo que llamamos pre judicialidad”. En otros términos, no habría posibilidad de resoluciones en materia civil “si no hay sentencia firme primero en lo penal, lo cual nos llevaría a esperar años y años para que termine el juicio penal que está en trámite. Recién están discutiendo si van o no a juicio oral. Lo que la Corte dice es ‘no’, en este caso no necesitan esperar el juicio penal, pueden dictar sentencia en el juicio civil”, expresó el abogado.
Las nuevas circunstancias imponen, además, “el colapso de Tribunales por la cantidad de juicios”, y se estima que para llegar al juicio se tendría una demora de unos cuatro o cinco años. “Me parece significativo que se tome en cuenta que, en 2009, el gobierno dictó un decreto acuerdo con voluntad política de solucionar el problema. Sobre la base de ese decreto, se están dando conversaciones, y puedo decir que hay voluntad de terminarlo en esta gestión, en la medida que nos pongamos de acuerdo en las pautas”, señaló Cullen.De modo más concreto y tras ser interrogado sobre la oferta del gobierno provincial a los propios inundados afectados, el abogado indicó: “La solución pasa por lo que dice el decreto acuerdo, con algunas sugerencias que aceptaron de las que habíamos planteado. En todo juicio de responsabilidad civil hay dos temas para resolver. Primero, de quién es la responsabilidad, de quién es la culpa. Obviamente, el inundado no tiene ninguna culpa. Pero también se podría reducir si así fuese determinado por un Tribunal”. Fuente: Notife.com