Estación Santa Fe

“La resolución de queja presentada por la Provincia de Santa Fe, ante la máxima instancia judicial provincial pone fin -en el ámbito local- a la controversia suscitada por el trámite que deben seguir las causas donde se pretende un resarcimiento económico por los daños causados como consecuencia de la inundación acaecida en el año 2003”, informó este mediodía la Oficina de Prensa de la Corte.
El comunicado oficial amplía que “en dicha resolución el máximo tribunal local entendió razonable que las causas civiles donde la pretensión resarcitoria está fundada en la responsabilidad de la Provincia con fundamento en el artículo 1.112 del Código Civil, prosigan sin necesidad de esperar a que se resuelvan previamente las cuestiones penales planteadas como consecuencia de los acontecimientos mencionados”.
Para ello, el Tribunal tuvo en cuenta primordialmente el tiempo transcurrido desde el 2003 que es el año en que se produjeron los daños que se reclaman por la catástrofe.
“Lo decidido implica activar las causas civiles sin prescindir de lo que pudiere resolver la justicia penal, con la posibilidad de la provincia de, eventualmente -y en su caso-, ejercer la acción de repetición contra los funcionarios responsables”, se informó.
La respuesta unánime, contó con los votos de los ministros Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Mario Netri, María Angélica Gastaldi y Daniel Erbetta.

Segunda instancia

Fuentes tribunalicias confirmaron que la causa denominada “Langhi Rodolfo contra la provincia de Santa Fe, sobre indemnización por daños y perjuicios”, había recibido el aplazo de la audiencia de vista de causa por parte del Tribunal Extracontractual Nº 4, hasta tanto la causa penal no estuviera resuelta.
La parte demandante planteó en su momento la revocatoria de dicha medida, pero el juez le denegó el reclamo; y por ende fue por “recurso extraordinario” a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
Tomó intervención entonces la Sala I de la segunda instancia Civil y Comercial, que hizo lugar al planteo del damnificado, ordenando la apertura de vista de causa a su inferior.
En esa oportunidad y tras conocido el decisorio, fue la Provincia, a través del fiscal de Estado Jorge Barraguirre, la que interpuso un recurso de inconstitucionalidad primero, que tras ser denegado le siguió un recurso de queja ante la Corte provincial.
Según se estima son unos 6.000 los damnificados que demandaron al Estado provincial y/o municipal, según el caso, y de acuerdo con lo que se resuelva en la esfera Civil, puede que signifique una guía para el resto de los casos.
Mientras tanto, la provincia se encuentra realizando gestiones en busca de un modo alternativo de resarcir a las víctimas y evitar por esa vía la prosecución de las demandas por vía judicial. No obstante ello el reciente fallo de la Corte aceleró los plazos y redujo los márgenes de maniobra del Ejecutivo provincial acotando así su poder de negociación. Fuente: Agenciafe.com