Estación Santa Fe

La decisión política de haber adjudicado a dedo la explotación del peaje de la autopista que une a Rosario con Santa Fe sigue motivando cruces que ya excedieron el ámbito de la retórica para instalarse en los solemnes despachos de la Justicia provincial.
21/8/2010.

La totalidad de los bloques del PJ en la Cámara de Diputados presentó una denuncia penal por las irregularidades cometidas durante el proceso, que hasta el Tribunal de Cuentas observó con rigor. Groserías como el hecho de que el domicilio adonde fue notificada la oferta de hacerse cargo de la explotación de la autopista a la firma Supercemento es de otra empresa homónima que hace comederos para cerdos generaron una tibia respuesta del ministro responsable, Antonio Ciancio. “Es una cortina de humo”, replicó el funcionario de Hermes Binner. El diputado del Frente para la Victoria, Luis Rubeo, acusó a Ciancio de mentiroso e insistió: “Acá hay una irregularidad manifiesta”.

El episodio que ya se ha constituido en la mancha venenosa del gobierno encabezado por Binner fue ventilado en una conferencia de prensa brindada en la Legislatura santafesina. Allí, los presidentes de los bloques de diputados provinciales del PJ aportaron detalles novedosos en torno de las denuncias penales presentadas en Tribunales donde se objeta en su totalidad la adjudicación directa de la autopista Rosario-Santa Fe.

Por ejemplo, el domicilio adonde fue notificada la oferta de hacerse cargo de la explotación de la autopista a la firma Supercemento es de otra empresa homónima que hace comederos para cerdos, y los propios legisladores, a través de una investigación, detectaron actas de las empresas beneficiadas fechadas antes de la adjudicación en las que se menciona como un hecho que serían ellas las beneficiarias de esa concesión a dedo.

El viernes de la semana pasada los titulares de las distintas bancadas del PJ de la Cámara baja presentaron una denuncia penal señalando una veintena de irregularidades que surgen del expediente por el cual la provincia de Santa Fe adjudicó en forma directa la explotación de la autopista Rosario-Santa Fe a las empresas Supercemento y Edeca.

Las irregularidades estaban contenidas en el dictamen que el propio Tribunal de Cuentas había emitido cuestionando el procedimiento de contratación.

Este jueves los diputados se presentaron ante la Fiscalía para realizar una ampliación de la denuncia y acompañar mayores elementos de prueba. Fruto de una investigación que llevaron a cabo los propios legisladores, se pudo determinar que la notificación a la empresa Supercemento por la cual se le ofrecía la posibilidad de hacerse cargo de la explotación de la Autopista, está realizada en un domicilio ubicado en la localidad de Landeta, a 800 kilómetros del domicilio legal de la mencionada empresa, y además en el domicilio de la notificación funciona una empresa que no se denomina “Supercemento”, sino “Super Cemento ”, y que la misma se dedica a la fabricación de comederos y bebederos para cerdos. Sin embargo, y sospechosamente, la recepción de la nota está firmada por el jefe de Ingenieros de Supercemento SA.

La fiscal se enteró, de boca de los legisladores, de la existencia –en el expediente– de dos actas labradas en ambas empresas beneficiadas, en las que se hacía mención a la adjudicación con fecha anterior al acto administrativo que así lo determinó.
Rubeo, jefe de la bancada del Frente para la Victoria, dijo que “se trata de un expediente armado a posteriori para justificar la decisión política de beneficiar a estas empresas y que por ese motivo está cargado de irregularidades que la Justicia deberá determinar si fueron hechas con la intención de direccionar la concesión hacia las empresas mencionadas”.

El diputado kirchnerista se dirigió al gobernador Hermes Binner, a quien le demandó que “declare la nulidad de todo lo actuado, ordene que la Provincia se haga cargo del mantenimiento de la autopista y que inicie un nuevo trámite de concesión transparente y dentro de la ley”.

Por su parte, el legislador reutemista Jorge Lagna expresó que “al aceptar la Justicia la denuncia penal y darle curso se está presuponiendo que estamos ante un posible hecho de corrupción, tras la contundente y unánime observación legal del Tribunal de Cuentas que se dio a conocer la semana pasada”.

A su turno, otra diputada del riñón reutemista, Alejandra Vucasovich, señaló: “Nos encontramos ante un hecho gravísimo, porque existe la posibilidad que se dé la comisión de un ilícito; es por eso que junto con la denuncia nos presentamos hoy (por ayer) para acercar la ampliación y toda la documentación para aportar a la Justicia los elementos necesarios que estén a nuestro alcance e insistiremos todos los días para que esto se esclarezca como corresponde”.

En la conferencia de prensa estaban presentes, además, los diputados provinciales Enrique Marín, Alberto Monti, Ricardo Peirone, Gerardo Rico, Rosario Cristiani y Silvina Frana. La denuncia penal también la firman Norberto Nicotra, Adrián Simil, Alberto Cejas y Oscar Urruty.

“Cortina de humo”

Ciancio, ministro de Aguas y Servicios Públicos, respondió que esa ampliación de la denuncia por la adjudicación a dedo “es una cortina de humo”, en diálogo con la emisora rosarina LT8.

El funcionario, por otra parte, interpretó de manera muy singular la presentación de los diputados opositores: “La presentación de la oposición ha sido en base a cuestiones meramente formales, tales como un problema en el tipeo de una secretaria en una dirección de la empresa, y cosas por el estilo. Están en su derecho, aunque no tienen mucho sustento”.

Respecto de la escandalosa diferencia entre la razón social de Supercemento y Super Cemento, Ciancio, sin ponerse colorado, respondió: “Claro, porque la secretaria busca en el índex la dirección, le da esta empresa, piensa que es la misma. Pero las empresas se notifican a las oficinas del Ministerio, y si no, hay que llamar a la empresa y contactar al ingeniero Montanari si realmente él se notificó y si realmente era su firma, ya que estos diputados ponen en duda de que realmente fuera la firma de este señor”. Lo que omite Ciancio es que el directivo, efectivamente, se notificó y firmó la nota, pero ese documento había sido remitido a la otra firma. Lo que la Justicia investiga no es si hubo recepción de la notificación, sino cómo puede ser que una nota llegue a una empresa X y responda un ejecutivo de la empresa Y.

El ministro binnerista agregó: “Aparte Supercemento no es una empresa desconocida en el medio. Es una empresa de proyección nacional e internacional que trabaja hace muchos años en la provincia y que está trabajando con la provincia. Acá lo concreto es que la licitación sigue en marcha con tres grupos empresarios muy poderosos que quieren participar de esto pero hay otro tema. Nosotros estamos defendiendo algo que está doliendo mucho y que es que no se siembre soja en la banquina. Esto es doloroso para quienes han perdido algunos privilegios”. Que se sepa, la denuncia no apunta a conocer qué tan famosa es la empresa beneficiada, sino si corresponde que se le adjudique en forma directa la explotación de un determinado servicio mediante procedimientos irregulares.

Alguien le preguntó a Ciancio si estaba acusando a la oposición de representar a interese que pudieran verse perjudicados por no poder sembrar soja, y el ministro, que no sembró soja sino sospechas, muy suelto de cuerpo, replicó: “No lo sé, pero hay presiones de todo tipo, y tenemos entendido que también las hay hasta estos días para volver a una práctica que desde todo punto de vista nosotros hemos evitado en esta nueva concesión, y hemos propiciado que ningún camino de la provincia de Santa Fe siembre soja al costado de la banquina”.

Ciancio se quejó de la poca efectividad y repercusión de una bomba de humo con retardo de 14 años lanzada por su colega Ángel Sciara: “Por otro lado, con esto (la denuncia de la concesión a dedo) se está queriendo, me parece, tapar la privatización del ex Banco Provincial de Santa Fe”.

Por último, el funcionario socialista sentenció: “La oposición está poniendo palos en la rueda. Están adelantándose a un proceso electoral y evidentemente nos ha tocado a nosotros ser la cabeza de playa de ellos. Pero estamos tranquilos, vamos a seguir gobernando, mal que le pese a algunos diputados que del pasado tendrían que explicar muchas cosas”.

La Justicia tendrá la última palabra, pero ya nadie podrá limpiar la mancha venenosa que se agranda en el cuerpo del gobierno que vino a inaugurar los “buenos tiempos”.