Estación Santa Fe

Se seleccionarán las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa Penal, en el marco de la reforma del sistema penal.
1/7/2010.

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, llama a concurso para cubrir cargos en el Ministerio Público de la Acusación y en el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, organismos de la nueva justicia penal santafesina.

La cobertura de los cargos se realizará mediante concurso público de oposición y antecedentes, de los que surgirán las ternas vinculantes. De las ternas, el gobernador elegirá a los candidatos, que necesitarán luego del acuerdo de la Asamblea Legislativa.

Los cargos a cubrir, según el decreto Nº 346/10, son 12. Para el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal general y cinco fiscales regionales (uno por cada circunscripción en las que está dividida la provincia); y para el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, el defensor provincial y los cinco defensores regionales.

El desarrollo de los concursos, que se basan en los principios de transparencia, publicidad, excelencia y celeridad, se realizará en la órbita de la Secretaría de Transformación de los Sistemas Judiciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En ese sentido, desde la cartera indicaron que “el llamado a concurso representa un paso fundamental en la implementación de la reforma procesal penal, que implicará más transparencia, más eficacia en la persecución penal y mayor respeto a víctimas e imputados”.

Las solicitudes de inscripción y los antecedentes se recibirán oportunamente en las sedes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En Santa Fe, en el segundo piso de la Casa de Gobierno, 3 de febrero N° 2649, de 10 a 14. En Rosario, en la planta baja de la delegación del gobierno provincial, Santa Fe 1950, de 7:30 a 13.

Pueden realizarse consultas al teléfono (0342) 4573038/39 o por correo electrónico a tpenal@santafe.gov.ar. Más información, como requisitos y conformación de los tribunales evaluadores, en www.santafe.gov.ar

SOBRE LAS NUEVAS INSTITUCIONES

El Ministerio Público de la Acusación será ejercido por el fiscal general y los demás órganos contemplados en su ley orgánica. La misión que tiene a cargo es la de ejercer la persecución penal pública: promoverá y ejercerá la acción penal, dirigiendo al Organismo de Investigación y a la Policía en función judicial, siendo responsable de la iniciativa probatoria para demostrar la verosimilitud de la imputación delictiva.

El fiscal general es el responsable de la organización y funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación. Tiene como funciones y atribuciones el determinar la política de la institución, fijar los criterios para el ejercicio de la persecución penal e impartir las instrucciones de carácter general que permitan un mejor desenvolvimiento del servicio. Además, organiza la estructura administrativa de las distintas unidades fiscales y de los órganos de apoyo que no pertenezcan a la órbita exclusiva de una Fiscalía Regional, de acuerdo con las necesidades del servicio y las posibilidades presupuestarias.

Los fiscales regionales son cinco, uno por cada circunscripción judicial. Cada fiscal regional será el jefe del Ministerio Público de la Acusación en la división territorial para la que fue designado, y el responsable de su buen funcionamiento. Deben dirigir, coordinar y supervisar la tarea de los fiscales y órganos de apoyo y auxiliares que de ellos dependan, a efectos del mejor desenvolvimiento de la función, evitando el uso de prácticas burocráticas. Además, impartirán instrucciones generales y particulares a los fiscales y fiscales adjuntos, para una persecución penal más eficaz. Por otra parte, fijarán los criterios de asignación y distribución de los casos en los que deba intervenir el Ministerio Público de la Acusación, promoviendo prácticas flexibles y la conformación de equipos de trabajo.

En tanto el Servicio Público Provincial de Defensa Penal proporciona servicios de defensa penal técnica a toda persona sometida a un proceso penal y a las personas condenadas hasta la extinción de la pena. Actuará siempre que la persona sometida a un proceso penal se niegue o no pueda designar un defensor de su confianza o que no haya optado por ejercer su propia defensa, en los casos y bajo las circunstancias en que la ley así lo dispone.

El Defensor Provincial dirige y representa al Servicio Público Provincial de Defensa Penal y es responsable de su organización y buen funcionamiento, en tanto habrá cinco defensores regionales, uno por cada circunscripción judicial. Cada defensor regional es la máxima autoridad institucional del Servicio Público Provincial de Defensa Penal en su circunscripción y responsable de su buen funcionamiento.