El gobierno uruguayo avanza en la anulación de la ley que perdonó los delitos de lesa humanidad
El gobierno uruguayo se apresta a eliminar polémicos artículos de la llamada ley de impunidad que perdonó a militares y policías uruguayos que violaron los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985).
11/8/2010.
Según la agencia de noticias DPA, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, dijo hoy que ya sostuvo reuniones con dirigentes del oficialista Frente Amplio (FA) para aunar criterios, ya que hay posiciones diferentes en el interior de la coalición de gobierno.
Una comisión especial viene redactando un documento que se convertirá en decreto y se está “muy cerca de una posición consensuada”, dijo Almagro hoy, en declaraciones radiales.
“Mi posición es que hay inconsistencia de la ley con el orden constitucional y con convenciones internacionales”, por eso “se busca una forma de hacer consistente eso dejando sin efecto los artículos 1,2,3,4″ de la ley, aprobada en 1986 y ratificada en dos plebiscitos, uno en 1989 y otro en el 2009.
Sin embargo, esos pronunciamientos populares no lograron cerrar las heridas que dejó la última dictadura y siguieron las presiones de organizaciones sociales y de derechos humanos para que se encuentre la verdad de lo sucedido y se castigue a los responsables.
Almagro no habló de plazos para tomar la decisión definitiva sobre el tema. “Ojalá podamos avanzar rápido. El Poder Ejecutivo tiene responsabilidad como Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, recordó. “Haremos lo posible para promover esta solución”, subrayó el canciller uruguayo.
Los artículos de la Ley de Caducidad, número 15.848, reconocieron que “caducó el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985″, cuando asumió un gobierno civil, emergido de elecciones nacionales.
Durante 20 años se aplicó la ley, pero en el 2005 el primer gobierno de izquierda en la historia de Uruguay se basó en el artículo 4 y habilitó la investigación de algunos hechos que derivaron en el procesamiento de varios militares y policías.
Ese artículo habilita al Poder Ejecutivo a investigar “actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones”.
Ahora, la administración del ex guerrillero José Mujica pretende ir más lejos y dejar sin efecto definitivamente la ley.
Télam.
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