Estación Santa Fe

Es por el descuento del 15 por ciento de la masa coparticipable que la Nación le hace a la provincia de Santa Fe, para destinarlo a la Ansés, que es superavitaria. El encuentro tendrá lugar el 17 de marzo próximo, a las 10.
24/2/2010.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una audiencia al gobernador Hermes Binner y al ministro de Economía, Amado Boudou, en el marco del reclamo provincial de inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078, que prorrogó la detracción del 15 por ciento de la masa de recursos de la coparticipación federal de impuestos, con destino al sostenimiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El encuentro se fijó para el 17 de marzo próximo, a las 10.

En declaraciones periodísticas, el Fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, consideró “auspiciosa” la convocatoria que el máximo tribunal realizó a través de la acordada 30/07, que según dijo, apunta a “acercar las partes a fin de que resuelvan un conflicto que viene de larga data”.

Al respecto, Barraguirre explicó que el reclamo realizado por el gobierno santafesino se basa en que “la imposición o distribución tributos debe establecerse a partir de un acuerdo entre la Nación y las provincias. Hay un derecho intrafederal, que es el derecho de la coparticipación federal, que se establece en forma consensual. En el año 2006 Santa Fe retiró el consentimiento para que la Nación siga detrayendo el 15 por ciento de los recursos de la masa coparticipable con destino al financiamiento de la seguridad social. Por lo tanto, desde esa fecha esos recursos deben ser reintegrados a la provincia. Este es el reclamo concreto”, precisó.

En cuanto a la masa de recursos que le corresponden a Santa Fe, el Fiscal de Estado estimó que “sólo para este año estaría entre los 900 y 1.000 millones de pesos”, pero aclaró que el gobierno santafesino no hizo un planteo “en términos cuantitativos, sino que lo que busca es que la Corte resuelva un problema de derecho, es decir, que no se ponga la lupa sobre los números, sino sobre las normas jurídicas”.

En ese sentido, Barraguirre remarcó que “no se trata de un cuestionamiento global acerca del federalismo fiscal en la República Argentina; esa es una función del Congreso de la Nación. Lo que tratamos de plantear en cada uno de los casos presentados ante la Justicia son conflictos de derecho muy puntuales, es decir, violaciones jurídicas muy específicas”.

“En este caso, nosotros decimos que hay un problema con la detracción del 15 por ciento –originada en un pacto fiscal que la provincia firmó en el año 1992–, que podía tener su justificación en función de la realidad histórica que estaba viviendo el país en aquel momento”, abundó Barraguirre, quien recordó que entonces, “la Nación tenía un déficit creciente y el sistema previsional estaba en vísperas de ser privatizado, con lo cual no sólo había deuda sino que no se contaba con un flujo de caja continuo para financiar las obligaciones de la seguridad social”.

En ese sentido, el funcionario destacó que “la situación de Anses ya no es la misma y además, hubo un cambio radical en 2008, cuando se estatizaron los fondos provisionales”.

Aunque la Nación, según señaló el Fiscal, “prorrogó unilateralmente los pactos fiscales I y II de los años 92 y 93, la provincia de Santa Fe retiró ese consentimiento en 2006 y nunca ratificó aquellas prórrogas”.

Al ser consultado en relación al desarrollo del proceso, Barraguirre indicó: “La Corte comienza convocando a una audiencia informativa para ver si las partes inician un diálogo para resolver el problema. En este capítulo inicial, Provincia y Nación alegan durante veinte minutos sobre su posición ante el tribunal, lo ilustran acerca de cuál es el derecho que gobierna el caso según la visión de cada lado y después quedan a disposición del cuerpo para contestar preguntas. Creemos que bajo la supervisión de la Corte, si el conflicto no tiene resultados prácticos, el tribunal va a terminar convocando a una audiencia conciliatoria o, eventualmente, fallará”.

La provincia de Santa Fe presentó ante la Corte otros dos reclamos por la detracción de recursos de la coparticipación: uno corresponde a un fondo creado para financiar la autarquía de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip); y otro, cuestiona el reparto del impuesto a los débitos y créditos bancarios (conocido como impuesto al Cheque) a partir del acuerdo de 2002.-