LA REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL EN SANTA FE ES INEXORABLE, DIJO EL GOBERNADOR BINNER
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, apuntó que la transformación en marcha implica una “constitucionalización del sistema”.
6/5/2010.
“Negarse a la reforma del proceso penal en Santa Fe es negarse a una realidad que es inexorable; pretender hoy defender un sistema inquisidor es una reliquia, y no una lectura adecuada de la realidad”, expresó el gobernador Hermes Binner, en declaraciones a la prensa tras el acto de sorteo de miembros titulares y suplentes del Tribunal Evaluador para intervenir en los concursos destinados a cubrir cargos de Fiscal General, Defensor Provincial, Fiscales Regionales y Defensores Regionales.
En tanto el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, planteó que el nuevo andamiaje jurídico de la reforma procesal penal viene a “constitucionalizar lo que hoy es inconstitucional”.
Binner y Superti fueron consultados esta mañana en la Casa de Gobierno de Santa Fe sobre las versiones que indican que el procurador general de la Corte Suprema de Santa Fe, Agustín Bassó, presentó ante el máximo tribunal un recurso de inconstitucionalidad de la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación. Al respecto el gobernador se expresó de esta manera:
>>> ¿Cuándo cree que la Corte debe resolver el planteo de Bassó?
Yo creo que debe resolverlo hoy mismo. Aspiramos a que rápidamente rechace este pedido porque no hay absolutamente ninguna razón para argumentar que es inconstitucional, al contrario, creo que lo que está haciendo la reforma es dar constitucionalidad, porque adopta los criterios que marca la Constitución Nacional de 1994, porque incorpora los tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, porque está avalada por la propia Organización de los Estados Americanos (OEA). Precisamente, el lunes pasado estuve en Brasilia en una reunión programada por la OEA y allí valoraban el avance que logró Santa Fe y que se encuentra en un capítulo de un libro ya editado por la propia OEA. De manera que hay una marcha inexorable; frenarlo es como querer volver el río atrás.
>>> ¿Lo de Bassó es poner “palos en la rueda”?
No, creo que con su planteo se niega a una realidad inexorable. Pretender hoy defender un sistema inquisidor es una reliquia, y no una lectura adecuada de la realidad.
>>> ¿Confía en que la Corte va a resolver a favor de sus argumentos?
Yo no puedo opinar sobre lo que tiene que hacer la Corte, pero sí aspiro a que ese impulso primero que dio origen a esa ley, que se sancionó en la gestión anterior, sea mantenido en el tiempo y podamos ver sus frutos, como los estamos viendo. (Nosotros no le decimos a la Justicia qué tiene que hacer. Jamás lo hemos hecho ni lo vamos a hacer porque es entrometernos, pero sí creemos que nos necesitamos plenamente tanto desde lo legislativo como desde lo ejecutivo y judicial, para apuntalar una nueva forma de ver y resolver los conflictos en una provincia, que avanza día a día y que hoy está todavía atrasada en función de lo que debiera ser.
SUPERTI
Por otro lado, Superti fue consultado sobre qué papel le da la reforma a quien hoy es Procurador de la Corte. En ese sentido dijo que “el mismo que tenía antes de 1977; es decir, cuando se dictó la Constitución en ningún lado dice que el Procurador es el jefe de los fiscales, al contrario, dice que integra la Corte. El problema se origina cuando él, que integra la Corte, es el jefe de los fiscales y de los defensores, y es un problema por partida doble: por un lado, porque integra un tribunal y está involucrado con las partes, y en segundo lugar, porque está involucrado con partes que son antagónicas”.
“Esto quiere decir”, continuó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, “que lo que ha hecho la ley –que por los comentarios periodísticos Bassó cuestiona como de inconstitucional– es exactamente lo contrario, es constitucionalizar lo que hoy es inconstitucional”.
>>> ¿Puede enumerar las resistencias que mencionó antes, en el acto?
Sí, una es la lógica que se tiene frente a cambios de paradigmas y que se supera con capacitación; otra tiene que ver con una discusión ideológica, que ya está superada, porque la ideología del Código Procesal Penal nuevo y de las leyes que se dictaron en consecuencia son las que están en los tratados internacionales y en la Reforma de la Constitución de 1994, o sea que volver a discutir eso implicaría dar marcha atrás en esa reforma y esos tratados y seguir contra el avance del mundo; y la tercera, a nuestro criterio, tiene que ver con aquellos que, con el cambio, van a perder puestos de poder.
>>> ¿Y cuál es la de Bassó, la última?
Bueno, si una persona que hoy tiene por la Constitución condición de integrar la Corte Suprema y por una ley ser jefe de los fiscales y los defensores, y ahora se va a establecer un diseño en el que va a quedar sólo como integrante de la Corte, que es lo único que dice la Constitución, y el jefe de los fiscales será otro, y el jefe de los defensores será otro, creo que obviamente hay una pérdida de puestos de poder.
>>> ¿Cree que, como opinó el gobernador, la Corte debe resolver cuanto antes esta cuestión?
Creo que si hay una cuestión, la debe resolver cuanto antes. Leí en una noticia periodística que hace un mes y medio que estaría planteada, cosa que desconocemos porque a nosotros nadie nos notificó nada. Creo que una cuestión de esta naturaleza debe resolverse lo antes posible por los impactos institucionales que tiene.
>>> ¿Va a tomar contacto con la Corte para pedirle esto?
No. Nosotros, como bien lo explicó el gobernador, somos muy respetuosos de la división de poderes. A mí me gustaría tomar contacto con la Corte por otros motivos, y hasta ahora no pude hacerlo, por ejemplo por la comisión –que le pedimos en diciembre del año pasado, y que reiteré en febrero de este año de manera personal– que analice los temas vinculados a la transformación del sistema, lo referido a infraestructura, los cambios de cargo, la transición. Esos son los diálogos interinstitucionales que deben darse.