La reforma legislativa del proceso penal no sólo es legal, sino también legítima y constitucional

Así lo afirmó el Diputado por el Partido Demócrata Progresista (FPCyS), Luis Mauri.
16/5/2010.
Es legal porque las leyes han sido dictadas conforme el sistema institucional y resguardan la formalidad y materialidad que el mismo exige; es legítima porque ha sido la expresión de todos los sectores políticos con representación en la Legislatura que a pesar de sus disensos y diferencias aprobaron los instrumentos de cambio para reformar el proceso penal; y es constitucional porque dichas normas no son violatorias de garantías constitucionales ni de atribuciones allí establecidas.
En todo caso, el producto legislativo encierra un nuevo paradigma y también un cambio ideológico de dicho proceso; las funciones y atribuciones del Procurador no devienen de la Constitución sino de las leyes que reglamentan su ejercicio y esto no puede ser desconocido por nadie.
Se trata de un nuevo diseño jurisdiccional y no encierra avance de un poder sobre otro ni ataca la autonomía o autarquía del máximo Tribunal. Tiende si a terminar con la actual inconstitucionalidad para tratar de asegurar el debido proceso y el derecho de defensa. En ese sentido, el Procurador no ha hecho nada y si se preocupa por el vaciamiento de sus atribuciones específicas.
La mayor violación consiste en poner en una sola cabeza la acusación, la defensa y la eventual posibilidad de revisar dichos pronunciamientos. Esto no resiste el menor análisis constitucional.
El Procurador intenta, en su aventura jurídica, nulificar por medio del ejercicio de control de constitucionalidad, un caso abstracto, y no judiciable.
Esta Corte y este Procurador han hecho un culto y un altar de esas circunstancias para no abocarse al estudio de causas judiciales.
“Creo, personalmente, que existe un acuartelamiento de mala fe por parte del Procurador y una estrategia dirigida, pero equivocada, que obliga a la Corte a pronunciarse ante la gravedad institucional que esto significa.
La cultura del secreto y el ocultamiento de las argumentaciones del recurso presentado avalan esta afirmación -continuó el Diputado- señalando que es necesario que la Corte actúe coherentemente y en respeto de sus propios actos decida en consecuencia, ya que ha sido parte integrante y participó desde el inicio en este proceso de reforma procesal penal y que aquí se intenta atacar”.