Estación Santa Fe

El gobernador Hermes Binner mantuvo un encuentro informativo con los legisladores respecto de la audiencia del miércoles por el reclamo que la provincia realiza a la Nación por la coparticipación federal de impuestos. Esta situación es “ilegal e injusta”, dijo Binner, mientras que los legisladores reconocieron que la cuestión “trasciende banderías políticas”.
15/3/2010.

El gobernador de la provincia, Hermes Binner, mantuvo hoy una reunión con legisladores nacionales por la provincia de Santa Fe, a los que se les brindó información sobre las gestiones que la actual administración lleva adelante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por los reclamos ante el gobierno nacional en relación a la coparticipación federal de impuestos, y por lo que habrá una audiencia el próximo miércoles a las 10.

El encuentro se desarrolló en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y junto al mandatario provincial estuvieron los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; de Economía, Ángel Sciara; y el Fiscal de Estado, Jorge Barraguirre.

Los legisladores que participaron de la reunión fueron el senador Rubén Giustiniani, y los diputados Walter Agosto, Jorge Álvarez, Celia Arena, Miguel Barrios, Verónica Benas, Alicia Ciciliani, Carlos Comi, Carlos Favario, Mónica Fein, Juan Carlos Forconi, Daniel Germano y Fabián Peralta.

REVERTIR UNA SITUACIÓN ILEGAL E INJUSTA

Al tomar la palabra, el gobernador recordó que “cada vez que (los legisladores) fueron convocados, fue por temas sumamente importantes, como los vinculados al agro, la crisis, la sequía, y de todos esos encuentros sacamos conclusiones muy importantes, porque se puso de manifiesto la preocupación de todos los representantes de la provincia en el Congreso para resolver nuestros problemas”.

Binner explicó que en esta oportunidad fueron convocados por la reunión que se realizará el miércoles a las 10 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “la que tiene como objetivo evaluar la posibilidad de una medida cautelar que permita que la provincia no siga teniendo detracciones en su coparticipación nacional para sustentar el sistema de jubilaciones y pensiones, habida cuenta que la Anses hoy cuenta con estado superavitario”.

“Hoy estamos ante una situación compleja –prosiguió el mandatario–, donde se demandó a la Nación por vía administrativa, y finalmente en el cumplimiento de nuestros deberes de funcionario público, recurrimos a la instancia judicial, y creemos que el único espacio donde las demandas del Estado subnacional al Estado nacional se pueden realizar es en la Corte Suprema de Justicia”.

Hermes Binner dijo que la audiencia debe tener como objetivo “una propuesta nuestra en la que pedimos a la Corte que emita una medida cautelar que no toque el problema de fondo, pero que sí nos permita recuperar una masa de fondos que se viene detrayendo anualmente y que para la provincia es muchísimo dinero”.

Al respecto, el gobernador sostuvo que esa medida cautelar está planteada con dos condicionantes: uno es que “nosotros no pretendemos hoy que nos devuelvan lo detraído ilegítimamente”; el otro condicionante es que “tampoco pretendemos que nos comiencen pagando el cien por cien, sino que buscamos alternativas que sean factibles de poder ser abordadas por la Nación, pero creemos que es necesario comenzar a revertir esta situación que es absolutamente ilegal e injusta”.

Binner aseguró que este planteo no tiene el objeto de generar un “efecto cascada” en otras provincias, sino que el mismo está basado desde un punto de vista muy particular: “primero que la provincia no ha suscripto a la prórroga (de los pactos fiscales, la cual venció el 31 de diciembre de 2005, habiendo una prórroga unilateral por parte de la Nación), y segundo que no adhirió a ningún sistema de compensación, por lo tanto, al no haber trasladado la Caja de Jubilaciones a la Nación, tiene una situación diferente a otras provincias”.

“Iremos con una propuesta respetuosa”, aseguró Binner, “seria y muy responsable, no es nuestro objetivo desfinanciar la Nación, pero hoy la Anses es una institución superavitaria, con alrededor de 14.000 millones de pesos anuales de superávit, y con los fondos generados a partir de la transferencia de los dineros de las AFJP, hablamos de un superávit de 140.000 millones de pesos solamente en concepto de transferencia de fondos”.

Finalmente, el gobernador sostuvo que “a todas luces ha cesado el motivo por el cual se generó este recurso, se detrajo esta importante suma de dinero a la provincia, y hoy la Anses está bien financiada, por lo que con esta medida cautelar pedimos comenzar a revertir esta situación”.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA

Posteriormente, el Fiscal de estado, Jorge Barraguirre, se refirió brevemente a las principales características de la demanda y al pedido cautelar que se tramitará el miércoles

El funcionario explicó que la provincia sostiene que el derecho intrafederal que regula estos tratados ínter jurisdiccionales entre Nación y provincias en materia de federalismo fiscal es consensual, “es decir, requiere el consentimiento entre la Nación y los otros Estados subnacionales firmantes”.

A raíz de una cláusula del Pacto Fiscal de 1992, “que sostenía que los Estados provinciales debían hacerse cargo del pago de las obligaciones provisionales, se incorpora una cláusula que se relaciona con financiar los costos de sustitución o los costos de transición entre un sistema público hacia uno privado”.

Este pacto es sucedido por el Pacto Fiscal II, de 1993, a partir del cual comienza a operar la cláusula del Pacto Fiscal I que establece que el mismo “tendrá una duración tal relacionada con un nuevo acuerdo o la suscripción de una ley federal de coparticipación”.

Frente a los nuevos acuerdos y las sucesivas prórrogas, se llega al compromiso federal del año 2000, “que establece una prórroga final por cinco años, con lo cual el Pacto Fiscal I y el Pacto Fiscal II, vencen el 31 de diciembre de 2005”.

“Luego –continuó con su exposición Barraguirre–, la anterior administración y anterior legislatura, no prestan nunca su conformidad a la prórroga unilateralmente decidida en la Ley de Presupuestos Nº 26.078, con lo cual consideramos que la provincia de Santa Fe ha retirado su consentimiento, por lo tanto, dada la naturaleza consensual del derecho federal, no hay ningún contrato, convenio, compromiso o título jurídico por el que la Nación continúe detrayendo estos fondos con destinos a financiar los costos de sustitución de un régimen por otro”.

El segundo argumento de la presentación de la provincia está en relación con los principios generales que regulan la materia de Contratos, del artículo 1198 del Código Civil, y del artículo 62 de la Comisión de Bienes sobre los derechos de los tratados, “por los que sostenemos que hay un cambio radical de circunstancia que llevan a que la finalidad principal u originaria del Pacto Fiscal de 1992, aparezca completamente desfigurada. Es decir que si había una situación de hecho, por lo cual la provincia en función del principio de solidaridad federal actúa y salvaguarda los intereses de la Nación, esto hoy ya no se da”.

“También incorporamos un escrito adicional, solicitado por la Corte, donde se exponen algunos de los números, porque más allá de estos dos argumentos de derecho, también quisimos hacer una presentación basada en razones prudenciales, es decir, que la Corte no se vea constreñida de alguna manera a ser «principista», por un lado, con el riesgo de quebrar la economía nacional”, agregó el funcionario.

Sobre este último punto Barraguirre precisó que si se observan los informes de la Anses, “el estado de sus cuentas al 2009 da un superávit que está por encima de los 14 mil millones de pesos, y un proyectado para este año que está en el orden de los 15 a 16 mil millones de pesos. A su vez, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a febrero de 2010 informa que tiene activos por el orden de los 139 mil millones de pesos, con lo cual la demanda de la provincia es extremadamente prudente, y califica adecuadamente no ya solo por las razones de derecho sino también por las razones prudenciales que toda demanda que necesariamente en esta materia tiene que atender”, concluyó.

ADHESIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Tras la introducción del gobernador y la exposición del Fiscal de Estado, los legisladores manifestaron su agradecimiento por la convocatoria, expresaron su agrado por la solidez de la presentación, y comprometieron su apoyo en la audiencia del miércoles, siendo esta una cuestión que “trasciende banderías políticas”.

Sobre esta cuestión, el diputado Carlos Favario consultó a Jorge Barraguirre sobre ¿cuál es el procedimiento que se sigue a partir de la presentación de la medida cautelar?

Al respecto el Fiscal explicó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecidos tres procedimientos o audiencias públicas: “las informativas, las conciliatorias, y las de mejor proveer. Nosotros pedimos una audiencia sin calificar qué tipo de audiencia, y la Corte nos dio una audiencia de tipo informativo, que consiste en los alegatos de cada una de las partes por 20 minutos, donde cada parte expone ante el Tribunal lo que considera lo que son razones centrales de su argumento”.

Barraguirre sostuvo que “no sé cómo seguirá esto la Corte, si pasaremos a una audiencia de conciliación. Pero queremos dejar en claro que no vamos a utilizar a la Corte como una «palanca» de negociación, lo que es parte del alegato del gobernador Hermes Binner, y donde sostenemos que hay una jurisdicción muy clara por parte de la Corte, y que esta es la que tiene que resolver esto, dado que la demanda no está basada en aspectos políticos del federalismo fiscal, para eso está el Congreso de la Nación; tampoco es una demanda basada en las ayudas discrecionales que la Nación, en función de su recaudación, le puede dar a las provincias”.

“Nosotros estamos haciendo una demanda de derecho –continuó– y estamos yendo a una audiencia de tipo informativa. La Corte, de acuerdo a cómo vea las posiciones de las partes, evolucionará, creo, a una audiencia de tipo conciliatoria o hacia mecanismos conciliatorios, o bien ya resolverá”.

Finalmente, el Fiscal de Estado recalcó que “nosotros hicimos mucho hincapié en el requisito de la verosimilitud del derecho, donde nosotros nos encontramos en un grado de muy alta certeza”.

ANTECEDENTE

Posteriomente, la diputada Verónica Benas recordó que en su momento “todo el arco político que representaba a Santa Fe en aquel momento se negó a suscribir nuevamente el Pacto Fiscal. Pasábamos por un momento complejo en cuanto a nuestra Caja de Jubilaciones, que tenía dificultades, con los jubilados percibiendo jubilaciones misérrimas, y seguir aportando a la Nación para sostener el déficit de la Anses, cuando la provincia hizo el esfuerzo de proteger su Caja y no transferirla, era una injusticia”.

“Debo decir que lamentablemente que las negociaciones políticas que se hicieron en la anterior gestión, y las que se hicieron en la actual, tuvieron una respuesta favorable de la Nación”, agregó la diputada. “Apoyo totalmente (la iniciativa) y creo que todos los diputados y senadores podemos ponernos de acuerdo para, entre otras cosas, impulsar la recuperación de dinero para los santafesinos”.

SITUACIÓN OBJETIVA

El diputado Walter Agosto también hizo uso de la palabra para hacer una reflexión sobre la medida cautelar, en la que resaltó los puntos 21 y 22, los que a su criterio “plasman muy objetivamente cuál ha sido la secuencia de este suceso históricamente, y cuál es la situación actual. Esos dos párrafos deberían ser los que, más allá de nuestras posiciones políticas, tengamos a la hora de plantear la defensa de estos derechos y recursos”, sostuvo.

Posteriormente leyó lo esencial de cada párrafo. Punto 21: “Cambio fundamental de circunstancia. Falta de causa. (…) sin embargo, amén del vencimiento del plazo por el cual se estableció la asignación específica y la inexistencia actual del consentimiento de la provincia, también corresponde atender a la modificación fundamental de las circunstancias que dieron origen y justificación de la detracción de los fondos que actualmente efectúa la Nación”.

Punto 22: “(…) es que en todo supuesto, la Ley 26.425 modificó radicalmente el panorama legal y cambió fundamentalmente la situación de la Nación a cómo era la situación previsional originaria en el año 1992, fecha en que se pactó la detracción del 15 por ciento. En 1992 la Nación tenía un stock de deuda inmanejable, se quedaba sin flujo de fondos ya que los ingresos corrientes por aportes y contribuciones pasarían centralmente a las AFJP. Como vimos, por tales razones, se pactó que las provincias absorbieran los costos del sistema.

“Ahora bien, a partir de la Ley 26.425, en cambio, el perfil del sistema provisional (en 2008) es absolutamente distinto en el sentido de que hasta hacía poco tiempo atrás el sistema todavía seguía dando un equilibrio inestable e inclusive déficit, y en 2008 comienza a tener un superávit de una magnitud importante que deja sin efecto la causa originaria de la detracción”.

“A mí me parece que esto está perfectamente planteado y los legisladores de nuestro espacio estaremos el miércoles en la audiencia”, concluyó.-