Proponen nuevas medidas en defensa del comercio local

Se trata de un proyecto de Ordenanza, impulsado por los concejales Jorge Henn y Carlos Suarez (FPCyS). En el mismo se establecen una serie de requisitos que deberán cumplir las firmas que quieran radicarse en la ciudad. De no hacerlo, una comisión analizará caso por caso.
16/6/2010.

La radicación de firmas comerciales de grandes dimensiones y que tienen su origen fuera de la ciudad es un tema que preocupa a vastos sectores de la sociedad.

Haciéndose eco de esta problemática, los concejales Jorge Henn y Carlos Suarez (FPCyS) presentaron un proyecto de Ordenanza que establece nuevos requisitos que deberán cumplir los emprendimientos económicos que quieran radicarse en la capital santafesina. En particular destinados a comprobar el carácter de “local” tanto del inversor como del capital.

La propuesta impulsada por los ediles establece que toda persona física o jurídica que solicite habilitación para el desarrollo de una actividad comercial o de servicios y destine para la misma una superficie cubierta total mayor a 200 m2, deberá acreditar la siguiente documentación: domicilio legal en la ciudad y al menos 3 años ininterrumpidos de residencia y/o radicación, inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud y carácter local de los fondos destinados a la inversión.

Si el solicitante no puede cumplir con alguno de los requisitos estipulados, y sin perjuicio de atenerse a lo que toda la normativa en materia de habilitaciones dicta, será una comisión especial de Evaluación de Habilitaciones Comerciales la encargada de analizar el caso para expedirse respecto a el permiso.

“No desconocemos la burocratización que significa que un permiso, que no cumple con determinados requisitos, deba pasar por una comisión especial” reconocieron los autores de la iniciativa, pero destacaron que “es necesario establecer medidas que protejan a nuestros productores y comerciantes de monstruos económicos que en virtud de su poderío detectan nichos y se radican allí, sin ningún sentido de pertenencia y en muchos casos con poca responsabilidad social empresaria”.

Con el objetivo de no dilatar los plazos, la comisión deberá expedirse sobre cada expediente en un plazo perentorio no mayor a 90 días. Si otorga la habilitación al solicitante, la misma se somete ad –referéndum del Concejo, órgano que debe tratarlo en dos sesiones o caso contrario quedará firme lo actuado por la comisión, De esta manera, el Departamento Ejecutivo Municipal estará en condiciones de continuar el trámite administrativo pertinente.

“Sometemos a debate una iniciativa que sabemos puede ser controvertida en algunos de sus aspectos, pero la intención es avanzar en discutir medidas que fortalezcan la producción y el comercio local, mediante una participación del Estado” indicaron los ediles autores de la propuesta. Además agregaron que esto se logrará “a través del establecimiento y el cumplimiento de normas” sin que ellos importe “cerrar la ciudad a las inversiones externas o a nuevas habilitaciones, sino simplemente someterlas a un mayor análisis, con un mayor grado de participación” concluyeron los ediles.

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