Estación Santa Fe

“Buscamos poner en agenda la necesidad de capacitar a los agentes del Estado en derechos humanos con perspectiva de género”, explicó la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta.
29/9/2010.

“Caso LNP. Discriminación por género en el sistema de justicia en casos de violencia sexual” es un libro que aborda la vulneración del derecho al acceso a la justicia de una niña de 15 años de origen Qom, abusada sexualmente en 2003 en la localidad de El Espinillo (Chaco). En una actividad organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se presentó ayer en la ciudad de Santa Fe este texto que recoge la experiencia de las organizaciones de mujeres (Cladem e Insgenar) que llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y lograron una reparación para la víctima y su familia.

Con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, y la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, la presentación sirvió como oportunidad “para poner en agenda la necesidad imperiosa de capacitar a todos los ámbitos de la administración pública y del Poder Judicial en derechos humanos con perspectiva de género, para que así las acciones que se lleven adelante, a través de las políticas públicas que se implementen desde el Estado, permitan que se respete la dignidad humana”, dijo Acosta.

El acto se llevó a cabo en La Mirage y estuvo a cargo de Viviana Della Siega, autora del libro, Susana Chiarotti y Gabriela Fuloni, integrantes del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar). Las dos últimas son las abogadas que representaron a la víctima (LNP) ante el Comité de Naciones Unidas, donde se presentó la demanda que tuvo como desenlace la reparación simbólica y material por parte del Estado provincial y nacional.

Entre los asistentes a la actividad, que contó con el auspicio del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), estuvieron la subsecretaria de Derechos Humanos, Alejandra Gómez; la directora de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial, Carla Cerliani; las diputadas provinciales Nidia Goncebat y Alicia Gutiérrez; la titular del Inadi Santa Fe, Stella Vallejos; así como representantes de las Municipalidades de Rosario y Santa Fe, organizaciones gremiales, de mujeres y de derechos humanos e integrantes de la cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

LA HISTORIA DE LNP

La historia de LNP ocurrió en 2003 en una localidad del Impenetrable chaqueño, a partir de la violación a una adolescente de origen Qom, de 15 años, por parte de tres jóvenes criollos, los cuales fueron absueltos a pesar de que los informes médicos y los testigos ratificaron lo sucedido. A través del trato médico, policial y judicial, una y otra vez se maltrató y revictimizó a la joven, que tampoco tuvo un debido acceso a la justicia. Fue a partir de la intervención de Cladem e Insgenar que el caso llegó a Naciones Unidas.

VARIAS ENSEÑANZAS

“Debemos tratar de superar un problema cultural, fundamentalmente en el ámbito judicial, que son los preconceptos que se tienen muchas veces frente a casos en los que están involucradas mujeres”, afirmó el ministro Superti en declaraciones a la prensa. “En ese sentido, el caso LNP nos deja varias enseñanzas: en primer lugar que hubo quienes detectaron los preconceptos que llevaron a que los imputados fueran sobreseídos, y en segundo lugar la importancia de la tutela internacional de los derechos. Porque de no ser por la intervención de Naciones Unidas ese hecho, como muchos otros, hubiera quedado sin ningún tipo de respuesta”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos destacó también el principio de “no repetición, según el cual los operadores judiciales de la provincia de Chaco debieron capacitarse “para no incurrir de nuevo en esa tremenda desigualdad que compromete tanto la imparcialidad de los tribunales”.

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos –Rosa Acosta– indicó que “el interés de la Secretaría al presentar este caso es la posibilidad de instalar el tema de la necesidad de trabajar desde el paradigma de los derechos humanos con perspectiva de género y de manera transversal. Cada área del Estado, ya sea de la administración pública o del Poder Judicial, debe incorporar mecanismos de capacitación de su personal y políticas públicas que garanticen que las personas sean tratadas dignamente y de acuerdo a su condición de sujetos de derechos sin ningún tipo de discriminación”.