Estación Santa Fe

Tras la supuesta entrada en vigenica del nuevo Código Procesal Penal en la provincia, la Corte Suprema firmó una acordada que dispone la prórroga de su puesta en marcha. Para Roberto Falistocco, “las cosas no estaban dadas”; según Hermes Binner se puede ir implementando de a poco, conforme a lo que permitan los fondos; y en la opinión de Raul Lamberto se requiere de práctica para ponerlo en marcha.

Anoche se supo que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe firmó una acordada por la que se prorroga el comienzo de la vigencia del nuevo sistema de enjuiciamiento en la provincia, tal como ya había sido anunciado por el presidente del órgano, Roberto Falistocco.

“Nosotros hicimos saber al Poder Ejecutivo esta situación que derivó en el envío de un proyecto de ley a la Legislatura para pedir la prórroga de la vigencia total” dijo el ministro. Del mismo modo señaló como una traba concreta a la puesta en marcha del nuevo sistema a “los ocho nuevos delitos que incorporó Diputados al proyecto y que motivaron reacciones”.

Lo cierto es que el documento rubricado ayer por todos los integrantes de la Corte establece que se extiende el plazo (finalizado el 30 de octubre) para poner en práctica las normativas que determinarán el funcionamiento del sistema. Ayer el ministro de Justicia de la provincia, Héctor Superti, aclaró que el flamante Código “nunca entró en vigencia” ya que para dicha acción se requiere de la firma de un Decreto por parte del gobernador, cosa que no había sucedido.

En ese sentido el funcionario indicó que los plazos dispuestos son, justamente, para la rúbrica del Decreto y no para la puesta en vigencia. Además justificó la prórroga debido a que “a pesar de lo mucho que se hizo, todavía no están dadas las condiciones para aplicarlo”.

Sobre ese punto, para los miembros de la Corte, “existe la misma estructura que hace unos años, por lo que se hace muy difícil poner en práctica el nuevo sistema. No tenemos ni la cantidad de jueces, ni la cantidad de fiscales suficientes, ni tampoco los institutos adecuados para dar respuestas” expresaron.

No obstante Falistocco se defendió de posibles críticas futuras y señaló que “hemos sido fervientes defensores del nuevo sistema y trabajamos en el Plan Estratégico para lograrlo. Acompañamos los institutos en vigencia, como la probation, el juicio abreviado o la figura del querellante” agregó.

A su turno, el gobernador de la provincia de Santa Fe recordó que para lograr la aplicación “tenemos que tener un plan, tiempo y los recursos para implementarlo”. Si bien mencionó que el programa ya está sancionado y que el tiempo transcurre, dejó entrever que el mayor inconveniente está dado por el dinero: “Hoy no tenemos recursos ni para pagar un poquito más a los maestros” aseguró.

De este modo, el mandatario insistió en que la provincia padece “dificultades económicas” que si bien “no nos impiden gobernar” sí colocan restricciones, tal es el caso del nuevo Código. En ese sentido, el jefe del Ejecutivo puso el ojo nuevamente en la Reforma Impositiva que la oposición se negó a sancionar el período pasado.

“El plan está, sabemos por donde marchar” dijo Hermes Binner, al tiempo que reconoció que “los recursos son limitados hoy” y que “si hay más recursos lo haremos más rápido”. No obstante aseguró que “hay partes que se pueden ir aplicando”, en referencia a la normativa procesal penal. Así afirmó que, “por ejemplo, el juicio oral sí se puede ir concretando” para “ir avanzando en lo que tenemos posibilidad”.

Por su parte el diputado justicialista Raúl Lamberto recordó que existe un plan aprobado por la Cámara Baja que extendió la prórroga hasta el 1 de enero de 2011 y amplió en ocho delitos los cinco originales para hacer obligatorio el juicio oral, lo que llevó “preocupación a los miembros de la Corte por el gran número de causas que debían ir en esta transición a juicio oral”.

Desde el oficialismo en el Senado se descartó esa iniciativa “y propusimos que se empiece a aplicar la oralidad desde abril de 2010”, teniendo en cuenta que el proceso se debe llevar “en el marco del aprendizaje del ejercicio de la profesión” porque “la oralidad es una especialidad y una técnica que se aprende ejerciéndola”.

El paladín del socialismo en Diputados recordó que esta gestión “aportó las leyes fundamentales para el cambio” porque está convencida de que “la transición no puede tener un corte abrupto sino que requiere de un período instructorio”. No obstante no ocultó que deberá concretarse un encuentro entre los integrantes del Frente Progresista para resolver la situación.

Si bien reconoció que “está costando muchísimo la transición”, dejó en claro que “se debe ir implementando” y evaluó que eso sucederá cuando “todos nos hagamos carne de este proyecto”. Consultado sobre los motivos del retraso, Lamberto aseguró que “es una mezcla de todo: hace falta un cambio, una decisión que cuesta, un sistema que se acostumbre a la oralidad que necesita salas de audiencia, más fiscales, sistema público de defensa, etc. que se deberá ir incorporando a un procedimiento penal pero significa una vuelta de página de 180º del procedimiento actual”.

Finalmente recomendó que sólo experimentando se logrará habituarse al nuevo sistema: “hasta ahora hubo cinco juicios orales en toda la provincia, uno solo por opción del anterior sistema, o sea que la experiencia práctica es muy poca hasta ahora y necesitamos que cada tribunal haga una experiencia por mes para acostumbrar a los fiscales, la defensa, el personal judicial, etc.”.