Estación Santa Fe

Entradas con la etiqueta ‘Cursos’

El secretario de Finanzas Públicas afirmó que los gobiernos locales recibirán unos 280 millones de pesos más durante 2010.

El secretario de Finanzas Públicas, Carlos Fernández, aseguró que los municipios y comunas “recibirán aproximadamente 280 millones de pesos adicionales en 2010 como producto de la reforma tributaria. Si esa suma implica dejarlos al borde de la quiebra, según dice la oposición, cómo calificar entonces la conducta de las administraciones justicialistas que les descontaron sumas millonarias entre 1994 y 2007”, preguntó.

Al respecto, Fernández indicó que “a partir de 1994, los sucesivos gobiernos se financiaron a expensas de los municipios y comunas, lo que explicó en buena medida los superávits provinciales. Ahora el PJ pretende erigirse en su defensor cuando los desfinanció sistemáticamente durante años, tal como los propios gobiernos locales lo reconocen”, recordó el funcionario, al tiempo que indicó que ese accionar originó 117 reclamos a la provincia por diferencias de coparticipación.

Según precisó, del total de los reclamos, 95 corresponden a municipios y comunas gobernados por el PJ, y de ellos, 90 fueron presentados en 2008, durante el primer año de gobierno de Hermes Binner.

“Es decir, los municipios y comunas gobernados por el justicialismo reclaman las sumas detraídas de su coparticipación durante 14 años por gobiernos del mismo signo, recién ahora que la administración está a cargo del Frente Progresista”, señaló.

LOS CAMBIOS QUE HIZO EL SENADO RECORTARON 157 MILLONES DE PESOS

Fernández negó que las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo a la ley de Presupuesto signifiquen un recorte en los recursos destinados a municipios y comunas.

“No hay diferencias entre el proyecto aprobado por el Senado y el presentado por Poder Ejecutivo en relación a los ingresos adicionales que municipios y comunas recibirán en concepto de impuesto Inmobiliario y Patente Automotor para 2010”, afirmó.

En cambio, señaló que las modificaciones introducidas por el justicialismo en la Cámara alta significaron una menor coparticipación para los gobiernos locales del orden de los 156,8 millones de pesos.

Al respecto, Fernández recordó que la Cámara alta “rechazó el incremento del impuesto sobre la Patente Automotor para el año 2009, lo cual significa que los municipios y comunas se perjudicarán en alrededor de 69 millones de pesos”.

Además, en relación al impuesto sobre los Ingresos Brutos, Fernández señaló que “a raíz de las modificaciones introducidas por el Senado, que se negó a gravar a sectores como la industria y la construcción”, los gobiernos locales “dejarán de percibir estimativamente otros 87,8 millones de pesos”.

En cuanto al veto de la moratoria aprobada por el Senado, sostuvo que el Poder Ejecutivo “decidió no avalar una herramienta de regularización impositiva que sólo beneficia a los incumplidores y castiga a quienes han mantenido y mantienen una correcta conducta fiscal”.

Según anunció el funcionario, el gobierno “modificará los planes de facilidades de pago existentes para poder ofrecer a los contribuyentes alternativas que no supongan condonación de intereses y multas, y que permitirán recaudar, una suma no menor a la que provendría de la moratoria propuesta por el PJ”.

Sobre el restablecimiento de los porcentajes de reparto original del Fondo Federal Solidario, Fernández insistió en que “sólo puede ser aplicado, tanto por la provincia como por los gobiernos locales, para inversión en determinadas obras de infraestructura y nunca para gastos de otro tipo. En ese marco, las obras no se realizan en otro ámbito territorial que el de los municipios y comunas. Sólo se trata de definir quién las hace”.

Por último, en relación al Fondo de Obras Menores, recordó que la posibilidad de aplicar el 50% del mismo para gasto corriente fue “una medida excepcional tomada en un contexto de crisis. No puede plantearse como un perjuicio a los municipios y comunas el hecho de que vuelva a aplicarse su totalidad a inversiones en equipamiento y obras de infraestructura, tal como lo estableció una ley del último gobierno justicialista”
13 de enero de 2010 (derf)

“Nunca restamos dinero a municipios”
El secretario de Finanzas, Carlos Fernández, salió al cruce de un comunicado de los jefes comunales justicialistas, quienes habían “rechazado enérgicamente” los aumentos de tarifas, reclamaron obras y dudaron del destino de los fondos.

El secretario de Finanzas Públicas de Santa Fe, Carlos Fernández, salió ayer a responderle al Foro de Intendentes y Presidentes de Comunas Justicialistas por sus críticas al aumento de tarifas. “Son planteos exclusivamente políticos. Esta gestión triplicó los fondos que llegan a los municipios para obras públicas, a diferencia de lo que hizo el PJ cuando gobernó”, sostuvo el funcionario en diálogo con Rosario/12. Y agregó que el reclamo “no se entiende de ninguna manera”. El Foro había sorprendido con un manifiesto en el que expresaron su “enérgico rechazo” a la decisión del gobierno provincial de aumentar en 60 días las facturas de agua en un 19 por ciento y la de energía eléctrica, en un seis por ciento. Sostuvieron que en sus localidades no hay obras que lo justifiquen. Las críticas se sumaron a las ya formuladas por el ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, sobre las tarifas locales.

Unos veinte intendentes de la provincia de Santa Fe nucleados en PJ salieron ayer a pegarle duro al gobierno. “Ya van dos años de esta gestión y ningún municipio o comuna vio obras que mejoren la calidad de vida de su gente, que justifiquen los sucesivos aumentos tarifarios que viene realizando ASSA”, se lee en el comunicado. Y añade: “Existe un déficit enorme por parte de la administración provincial con todos los santafesinos. Dos ejemplos claros de esto han sido la poca cantidad de obras de saneamiento y de mala calidad realizadas en 2009 y la falta de un plan para 2010″.

Al texto escrito se sumaron las opiniones en primera persona de los distintos jefes comunales de la región liderados por Alejandro Ramos, de Granadero Baigorria. “Que nos digan qué van a hacer con la plata porque en todo el 2009 en nuestra ciudad la calidad del agua fue muy mala y no hubo obras de extendido cloacal de ningún tipo”, enfatizó. Y sostuvo que lo mismo sucede en otros ámbitos: “Baigorria tiene 50 mil habitantes y en 2009 recibió dinero apenas para pavimentar diez cuadras, es una vergüenza”. Sus pares de Puerto General San Martín, Fray Luis Beltrán, Pérez, Venado Tuerto, Ceres, Esperanza, San Carlos Centro, San Genaro y otras localidades acompañaron el reclamo.

Desde el oficialismo no tardaron en contestar. Consideraron que fue una ofensiva instigada por los dirigentes provinciales justicialistas, y retrucaron que la actual gestión mejoró sustancialmente la situación de los municipios. “En fiscalía tramitan 117 denuncias hacia el estado provincial por la forma en como las administraciones de (Jorge) Obeid y (Carlos) Reutemann les restaron recursos a las comunas durante trece años. Con razón tenían superávit. El PJ nunca modificó el sistema de reparto de fondos: la prueba está en que los mismos intendentes que ahora nos critican, son los que llevan adelante la denuncia judicial. Nosotros coparticipamos tal como lo expresa la ley y hemos triplicado los recursos del Fondo de Obras Menores. Por eso el reclamo es inentendible. Creo que se trata exclusivamente de un posicionamiento político”, opinó Fernández.

A su vez, el funcionario negó que el estado provincial mantenga una deuda de 70 millones de pesos con Aguas Santafesinas como expresa la misiva de los intendentes. “No me consta. Pero en todo caso, si fuera así, tiene que ver con la caída en la recaudación. Hay más de mil millones que teníamos proyectado en 2009 y no recaudamos, con lo cual quedamos en deuda con algunas reparticiones”, explicó. Y preguntó: “¿Y qué pasa con toda la plata que pone el Tesoro para Aguas Santafesinas? Porque si bien es una sociedad entre el estado provincial y los quince municipios, la única que pone dinero es la provincia”, se quejó.

Fernández relacionó la rebelión de los intendentes justicialistas con las críticas que realizó esta semana el Ministro de Planificación Julio De Vido. “Ambas son posturas políticas. Le digo a De Vido que si la Nación nos coparticipara los cinco mil millones de pesos que nos debe en concepto del impuesto al cheque, el fondo de AFIP y de Ansés podríamos hacer mejores políticas. Nos restan fondos de la Nación, ha caído la recaudación fiscal pero así y todo nunca coparticipamos a los municipios y comunas menos de lo que les corresponde”, remarcó.

Por Evelyn Arach

Comparación en la incorporación de empleados en la gestión anterior y en la gestión de Binner.

EL 83% DE LOS AGENTES PÚBLICOS INCORPORADOS POR LA GESTIÓN BINNER FUERON A EDUCACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD.
En total, la planta permanente de empleados se incrementó en 2.692 puestos en dos años.
Según datos oficiales, entre diciembre de 2007 y setiembre de 2009, ingresaron 2.692 agentes a la planta de personal del Estado santafesino. De esa cantidad, el 82,98% son docentes, personal de seguridad y profesionales de la salud.

“Estas cifras dejan en claro cuál es la prioridad del gobierno”, afirmó Juan Carlos Pucciarelli, subsecretario de Recursos Humanos y Función Pública, al tiempo que precisó que el conjunto de incorporaciones a planta significan un incremento del 2,44%.

“Mientras la gestión del gobernador Hermes Binner lleva incorporados unos 2.700 agentes en dos años, en el período comprendido entre 1983 y 2007 ingresaron más de 43.000 personas a la administración pública. Es decir, que la planta se agrandó a un ritmo promedio de 7.000 empleados cada cuatro años”, añadió.

En diciembre de 1983, la provincia de Santa Fe tenía 67.116 empleados públicos (sumados el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial); para ese mismo mes de 2007 esa cantidad había ascendido a 110.423. Esta última cifra representa un incremento del 64,5%.

“Por caso, durante la última gestión de Jorge Obeid, entre 2003 y 2007, ingresaron a planta 8.885 nuevos agentes, es decir, que el Estado santafesino incrementó su planta en un 8,75%. De esas casi 9.000 personas, casi un 50% fue a parar a la administración central. No sólo eso, sino que la mayoría de los ingresos de personal administrativo que tuvieron lugar en 2008 correspondieron a actas firmadas durante 2007”, indicó Pucciarelli.

En la actualidad, la planta permanente está compuesta por 113.115 agentes.

CARGOS PRESUPUESTADOS VS CARGOS OCUPADOS

“Si bien cada presupuesto prevé la creación de determinada cantidad de cargos en función de los proyectos a desarrollar por cada área, es sabido que el uso de los mismos depende de que se cumpla el conjunto de las estimaciones macroeconómicas en que se apoya el cálculo de los recursos y gastos del Estado”, recordó Pucciarelli.

“Es un error o una interpretación malintencionada confundir los cargos presupuestados con los que efectivamente se ocupan en cada ejercicio”, añadió.

En cuanto al proyecto de presupuesto 2010, el titular de Recursos Humanos afirmó que de un total de 2.693 cargos previstos, 2.081 (77%) corresponde a docentes, personal de seguridad y para el nuevo sistema de justicia penal.

POR PRIMERA VEZ SANTA FE TIENE UNA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

Desde el inicio de la actual gestión, la incorporación a la planta de personal temporario o permanente se realizó a través de un inédito sistema de ingreso, que prevé cuatro etapas de evaluación e incluye la veeduría gremial.

“Durante todas las administraciones anteriores, el ingreso a planta fue absolutamente discrecional y estuvo fuera de cualquier instancia de control. El nuevo sistema de selección puso fin a la cultura del amiguismo y clientelismo con que se manejaron todos los gobiernos justicialistas y, además, se independizó de las cuestiones partidarias”, remarcó Pucciarelli.

En tanto, en setiembre de este año el gobierno restableció los concursos internos para el desarrollo de la carrera administrativa, que estaban suspendidos desde 1987.

Durante 40 años fue un medio para cruzar el Paraná. Con la apertura del puente Rosario-Victoria, el tránsito de camiones con combustible y sustancias peligrosas ya no utiliza más el servicio.

Desde hace 40 años, las ciudades de Santa Fe y Paraná permanecieron unidas por un servicio de balsas. Si bien el túnel subfluvial Uranga-Begnis canalizó la mayor cantidad de vehículos, las balsas eran utilizadas para transportar los camiones con combustible y sustancias peligrosas, que no podían acceder al túnel.

Sin embargo, a partir de la habilitación del puente Rosario-Victoria -en 2003-, los camiones comenzaron a tomar esta vía para cruzar de la provincia de Santa Fe a la de Entre Ríos. Esto provocó una disminución paulatina de la demanda de las balsas, hasta que en la actualidad prácticamente no hay clientes que soliciten el servicio.

“A partir de la habilitación del puente Rosario-Victoria, todo lo que es transporte de sustancias peligrosas y combustible entra a Entre Ríos por Victoria, en lugar de utilizar los servicios de la balsa.

Paulatinamente, disminuyó la demanda de este medio hasta que se quedó sin clientes. No tiene servicio porque no hay quién esté interesado en cruzar”, aseguró el teniente coronel Fernando Dorrego en declaraciones a Cable & Diario.

¿Nunca más?

Consultado acerca de si el sistema se podría volver a usar, el teniente coronel aseguró que es posible, sólo depende de la demanda. “Si alguna vez aparece un interesado, se puede usar la balsa sin ningún problema. No hay ningún inconveniente: los muelles siguen estando y siguen siendo operables. También se pueden usar si hay algún problema en el túnel o el puente Rosario-Victoria”.

En este sentido, Dorrego remarcó la utilidad de las balsas, a las que comparó con “un puente más”. “Son un recurso que permiten unir la Mesopotamia con cualquier otro punto del país. Cada balsa puede transportar 240 toneladas. Si se da una crisis en un puente o un túnel, la única alternativa de que se dispone es la balsa”.

El teniente insistió en que “las balsas están habilitadas y en servicio, pero mientras no haya clientes es un pérdida permanente navegar el Paraná por el solo hecho de navegarlo”. Asimismo, reconoció que al dejar de prestar el servicio, se genera un impacto económico “porque la línea generaba ciertos recursos para mantener las balsas operables”.

¿Dónde están las balsas en este momento? “De las tres balsas, una está cerca de Gualeguay, ayudando al Estado en la evacuación de ganado; otra está alistada también para evacuación de ganado desde Diamante hacia el sur; la tercera está fondeada en Paraná, lista para apoyar a la comunidad en lo que se necesite”, especificó Dorrego. Fuente : ellitoral

Tras varios reclamos y presencia santafesina en el dique de Colonia Dora, Santiago del Estero liberó el martes por la tarde más de cuatro metros cúbicos por segundo del caudal del río Salado, que servirá para abastecer Tostado, dentro de tres semanas.

De acuerdo a las mediciones que habían realizado técnicos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, por esa represa sólo pasaban 1,4 metros cúbicos por segundo, menos de la mitad de lo que marcaba el acuerdo de 1996.

Bajo un sol abrasador, despiadado, que hizo saltar los termómetros, con una sensación térmica de 56 grados, ayer a las 17.30 un grupo de trabajadores de la gobernación santiagueña abrió las compuertas de la estación subniveladora de Colonia Dora, en Santiago del Estero, y en minutos comenzó a fluir un borbotón de agua del Salado que inició su camino río abajo, hacia Tostado, donde podría arribar en unos 20 días. Esta represa santiagueña está situada a 160 kilómetros en línea recta de la localidad santafesina, y más de 300 por el cauce del río.

Funcionarios y técnicos del Ministerio de Aguas y Medio Ambiente de Santa Fe, que estuvieron en Colonia Dora para controlar que Santiago del Estero cumpliera con la liberación del río, calcularon que por esa represa pasan desde ayer más de 4 metros cúbicos por segundo.

El acuerdo que destrabó la apertura de las compuertas de Colonia Dora establece que durante cuatro días Santiago del Estero cerrará los canales que confluyen en esa estación subniveladora que proveen agua a las producciones agropecuarias de la zona, que en su mayoría riegan los campos con el antiguo método por inundación- y liberará el río aguas abajo. Por otros cuatro días se hará a la inversa: Santiago del Estero abastecerá a los canales derivadores y cerrará el paso aguas abajo, que ya tendrá según estiman- reservas para abastecer a Tostado, donde la sequía que se extiende desde hace más de un año y medio ha puesto a esa localidad al borde del colapso por la falta de lluvias, que ayer apenas fueron de 15 milímetros.

“Esta es una respuesta inmediata para solucionar la emergencia hídrica, pero lo que importa es el gesto de madurez de las otras provincias que entendieron la situación”, aseguró Pablo Storani, director provincial de la Administración de los Recursos Hídricos de Santa Fe.

Gestiones

Hace tres semanas, el gobernador santafesino Hermes Binner se comunicó con su par santiagueño Gerardo Zamora para exigirle que esa provincia cumpla con un pacto firmado por los distritos que comparten la cuenca, que establece que desde Colonia Dora deben pasar 3 metros cúbicos por segundo aguas abajo.

De acuerdo a las mediciones que habían realizado técnicos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, por esa represa sólo pasaban 1,4 metros cúbicos por segundo, menos de la mitad de lo que marcaba el acuerdo de 1996.

Ante la dura posición que había mantenido Santiago del Estero, Binner pidió al ministro del Interior, Florencio Randazzo, que convoque a una reunión con el resto de los mandatarios por donde pasa el Salado para dar una solución a la emergencia y poner reglas de juego más claras hacia el futuro, que incluyan una regulación integral de la cuenca. Desde el gobierno provincial pretenden que el Salado sea analizado como una totalidad, contemplando las producciones pero manteniendo el concepto de que el agua primero ser utilizada.

Canales

Desde Suncho Corral hasta Colonia Dora hay una distancia de unos 120 kilómetros, y en el medio decenas de canales que derivan el Salado para alimentar con agua a distintas producciones agropecuarias, que riegan por inundación. El desmonte avanza de forma implacable en esa zona, fruto de la extensión de la frontera agropecuaria, en una región árida y seca donde desde hace más de una década hay cultivos de soja, maíz y sorgo, entre otros.

El problema del agua es parte de una historia que encierra no sólo a las economías de subsistencia, sino también a los cambios productivos de la región. Y en esa encrucijada está el gobierno santiagueño, que dio respuestas a la demanda de agua de sus enclaves agropecuarios, a través de los canales del Salado, pero también enfrenta la presión de Santa Fe que reclama que se cumpla con un viejo acuerdo de 1996, que nunca se respetó en épocas de sequía.