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El secretario de Justicia, Roberto Vicente, dijo que los cuestionamientos del Colegio de Magistrados esconden una intencionalidad política. Advirtió que recién ahora descubren los problemas, cuando “en 24 años, nunca levantaron la voz”.

A su criterio, el Colegio tiene una “queja sistemática” contra el Consejo de la Magistratura, porque “han perdido poder en la toma de decisiones”. “Hoy -explicó-, tenemos un sistema muchísimo más abierto con la participación de otros actores, incluidas las universidades, situación que evidencia un mayor pluralismo. Eso nos da la ventaja de tener una mejor calidad en la selección de jueces”.

Los magistrados cuestionaron también los tiempos con que ese organismo se maneja. “Hay un problema que tiene que ver con el envejecimiento de la planta judicial, que implica un recambio generacional y una cantidad importante de vacantes -aclaró Vicente-. Pero si uno compara la performance del Consejo durante el último año y medio, que es cuando se empezó a aplicar el nuevo régimen, vemos que los resultados son mejores que en la gestión anterior; tenemos mayor producción de cargos. Esto demuestra que estamos ante una crítica totalmente infundada”, sentenció.

Vicente también rechazó el planteo de los magistrados, que reclaman un Consejo de la Magistratura estable. “Ello traería como consecuencia que se tercericen las correcciones, cuando nuestra pretensión es que el postulante sepa quién va a ser su cuerpo evaluador, porque eso da más transparencia y garantías”, afirmó. Además, sostuvo que muchas veces los propios magistrados sorteados para integrar los cuerpos evaluadores rechazan la propuesta, y ello provoca más demoras. “Hacen una crítica teniendo deserciones en su propia estructura, lo cual nos hace pensar que estamos ante una cuestión eminentemente política”, opinó.

Callados

Vicente aseguró que el Poder Ejecutivo ha demostrado cabalmente su voluntad de trabajar por un mejor servicio de justicia. “En el último presupuesto hubo una creación de 395 cargos, que en muchos casos implicaron asentamientos judiciales nuevos. Ellos (los magistrados) dicen que son todos juzgados vacantes, pero son juzgados que antes no existían, entonces obviamente que no van a tener juez; eso es actuar de mala fe o probablemente con intencionalidad política”, insistió.

En el mismo sentido, recordó que el gobierno “aun en época de retracción económica y caída de la recaudación, puso dinero en el Poder Judicial porque entiende que hay que mejorarlo y potenciarlo. Estamos demostrando que hay una voluntad política determinada”.

Sobre la base de estos argumentos, Vicente aseguró que la realidad no coincide con las críticas. “Más aún -acotó-, cuando el Colegio de Magistrados no levantó la voz durante 24 años”. Comentó, por otra parte, que la aplicación de un nuevo Código Procesal Penal provoca “una transición y una resistencia en sectores conservadores, que no quieren que muchas cosas cambien, o porque saben que el cambio les va a provocar mayores exigencias. No creo que tengamos que asumir la responsabilidad de este problema; las responsabilidades son compartidas”, aseveró.

Diálogo

El secretario de Justicia aseguró que este gobierno tuvo siempre una actitud dialoguista y de consenso, pero a veces faltaron respuestas. Contó que cuando solicitaron opiniones para modificar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, los Magistrados no contestaron. “Por eso hablamos de deslealtad”, repitió.

“Como abogado -sostuvo-, he participado mucho de la actividad gremial del Colegio de Abogados, y no recuerdo que algún gobernador nos haya recibido. Este gobernador recibió a los magistrados, a los abogados, a ido él a la Corte a escuchar, a conversar; creo que el diálogo es totalmente sincero. Ahora, cuando yo dialogo tengo que tener alguien que recepte y tenga voluntad de diálogo. Si hay uno solo y el resto no está en condiciones de hablar y quiere confrontar, evidentemente las posibilidades son cero. Nosotros tenemos vocación de diálogo y lo hemos demostrado permanentemente. Eso es distinto de lo que sucedió en las administraciones anteriores”, concluyó.

Lamberto contra el documento de los magistrados

El socialista Raúl Lamberto habló en la sesión de ayer en Diputados para cuestionar muy duramente el documento del Colegio de Magistrados que responsabilizó a la gestión de Binner de haber empeorado las condiciones en que se presta el servicio.

El socialista, punto por punto, y sin hacer generalizaciones, sino rescatando incluso la tarea llevada adelante por los tres poderes, fue respondiendo al texto. “Yo veo en esta nota aquello que hace dos años denunciaba en esta Cámara el entonces diputado Alfredo Cecchi cuando decía que la palabra “resistiré’ no era un canto inocente hecho por algunos magistrados en una fiesta de fin de año”. Se refería a lo ocurrido en 2007, poco antes de que asumiera la actual gestión en la despedida de año del Colegio de Magistrados, donde ese tema musical fue vitoreado en la fiesta.

El socialista aseguró que el documento “agrede a una gestión y a los miembros de este cuerpo” e hizo notar que se pide a dos años de tarea lo que no se reclamó en las últimas décadas. Insistió en el atraso de la reforma penal que obligó a actuar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que marcó que “el Código de procedimiento santafesino no garantizaba el debido proceso”.

También calificó a los firmantes del documento “de nostálgicos” con el anterior Consejo de la Magistratura, donde cinco miembros decidían los concursos cuando ahora hay jurados diferentes para cada concurso. Admitió que faltan jueces, pero destacó que la Legislatura creó este año 18 juzgados de Familia. “Hemos aprobado 23 pliegos y hay 37 concursos en marcha”. Rescató el diálogo maduro entre el presidente de la Corte y el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Ante los cuestionamientos a la ley de jueces subrogantes, dijo no ser partidario de ellos, pero recordó que ésta fue una solución encontrada en períodos anteriores de gobierno y aceptada como salida transitoria por los tres poderes.

La norma fue sometida a votación este jueves en el Senado. No se incluyó la figura del homicidio simple y se sometarán a juicio oral las causas por delitos graves una vez que la ley sea promulgada.

Ayer por la tarde, la Legislatura provincial prorrogó la implementación de la ley que establece un nuevo Código Procesal Penal. Se trata de la ley Nº 12.912 según la cual las causas por delitos graves deberán ser soemtidas a juicio oral.

Es así que los delitos de homicidio y lesiones gravísimas en riña, abandono de persona calificado por el resultado muerte, abuso sexual calificado, robo calificado por lesiones gravísimas, incendio y otros estragos calificados por el resultado muerte, atentados contra la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave calificados por el resultado muerte, envenenamiento o adulteración de aguas potables o alimentos o medicinas calificados por el resultado muerte serán sometidos a juicio oral, mientras que los casos por homicidio simple quedaron, por el momento, fuera de la norma.

Esta figura se excluyó del proyecto tras conocerse un informe pormenorizado sobre la situación en que se encuentra la justicia de la provincia. Días atrás habían anticipado desde la Corte Suprema santafesina que no se cuenta con los recursos necesarios para afrontar estos casos con la modalidad del juicio oral. Puntualmente anunciaban que provocaría un colapso del sistema penal de la provincia.

La restricción será impuesta en la sesión que esta tarde se concretará en el Senado de la provincia ya que la Cámara de Diputados le otorgó previamente la media sanción. La norma, autoría de Ricardo Kauffman, establece que el recurso es un bien social y que pertenece a los pueblos.

Durante la sesión de esta tarde, el Senado de la provincia de Santa Fe aprobará con fuerza de ley una norma que establece la prohibición de exportar agua potable o dulce. El proyecto corresponde al justicialista Ricardo Kauffman y fue ingresado por la Cámara Alta, pasó a Diputados donde obtuvo algunas modificaciones y volvió a Senadores donde hoy se sancionará.

Al menos así lo explicó este mediodía el autor de la iniciativa, quien detalló que dentro del cuerpo del texto se establece “la prohibición de exportar agua potable o dulce sin discriminar que sea a granel y no sometida a ningún proceso”. En ese sentido mencionó que se contemplan algunas excepciones establecidas en la misma ley como, por ejemplo, embasada.

Asimismo afirmó que dentro del plan se fija que el agua “es un bien social no económico y que la provincia es la dueña del recurso, es decir, los santafesinos” y señaló la importancia de que “el Estado tenga las reglas claras para impedir la piratería”. Además aclaró que se trata del primer distrito nacional que legisla sobre la materia, lo que provocó interés de otras provincias.

Vale aclarar que la norma a sancionarse contempla la parte de vías navegables que compete a Santa Fe por lo que, para ser más integral, requiere “del apoyo del resto de los distritos que están esperando esta ley para actuar en consecuencia”.

Kauffman reflexionó que “si está el problema de las guerras por el petróleo con esa motivación encubierta, con más razón el agua que resulta, a nivel de venta comercial, más cara que el combustible”. Es por ello que, según dijo, la intención de los legisladores es que el resto de las provincias limítrofes imite la actitud para evitar que “la ley vaya sobre el hecho consumado” y conseguir “una norma clara de cómo se deben manejar los recursos que pertenecen a nuestros pueblos”.

Fuente : notife

La ministra de Educación reiteró que durante esta gestión el presupuesto educativo se incrementó en un 80%. El próximo lunes AMSAFE decidirá en asamblea general los próximos pasos ante la negativa del gobierno a mejorar los salarios del rubro.

En diálogo con LT10, Elida Rasino, ministra de Ecuación de la Provincia de Santa Fe, expresó que “esperamos que los esfuerzos que estamos haciendo para demostrar la actitud del gobierno para mejora la condición de vida del docente en general y las ofertas que hemos realizado para trabajar en conjunto la estructura salarial docente sean puesta en la balanza en la asamblea general de AMSAFE. Esperamos que haya un espacio de reflexión ante la situación institucional que vive el país”.

Consultada sobre si el gobierno y los docentes están en sintonía distinta porque una parte de la mesa habla de vivienda y la otra de salario, la ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe sostuvo que “en la mesa paritaria se plantearon varios temas. Nosotros estamos avanzando en los que podemos. El único tema al que no pudimos dar respuesta es al nuevo reclamo salarial. De todas maneras, vale la pena aclarar que el gobierno no está en deuda con los docentes”.

En este sentido, Elida Rasino señaló que “nosotros le ofrecimos compartir una mesa de trabajo con el ministro de Economía para ir desglosando todos los componentes de presupuesto para ver que todas puedan ver en qué se gasta el dinero y cuales son las limitaciones que tiene la provincia. Quiero recordar que nosotros hemos incrementado el presupuesto educativo en un 80% en dos años y gran parte de estos recursos fueron a salario”.

Finalmente, la ministra de Ecuación de la Provincia de Santa Fe remarcó que “el diálogo nos ha dado muchos resultados. Nosotros creemos que hemos trabajado con franqueza y la transparencia necesaria para que nos crean que en este momento es imposible incrementar los salarios. Sería bueno que trabajemos para el próximo año pensando en el salario. Nosotros asumimos con el compromiso de mejorar la ecuación y lo estamos intentando”.

Fuente :lt10digital

Fue el secretario del juzgado que estaba a cargo de Fernando Mántaras en la dictadura. Cuatro testigos –ex presos políticos- lo acusaron de haber participado en declaraciones arrancadas ilegalmente. También hoy debía ser indagado el represor Héctor Colombini en el marco de una causa que tiene imputado a Roberto José Martínez Dorr, un ex policía que llegó a ocupar altos cargos en democracia.

El ex secretario del juzgado federal de Santa Fe durante la última dictadura militar en Santa Fe, Víctor Manuel Montti, debía ser indagado hoy en el marco de un desmembramiento de la denominada “Causa Brusa”, debatida oralmente por estos días. La diligencia respondía a un requerimiento de la Fiscalía que solicitó la ampliación de la indagatoria y la imputación de dos delitos graves: privación ilegal de la libertad y tormentos y calidad de co autor. Montti estaba bajo las órdenes de Fernando Mántaras en los tiempos en los que se acostumbraba a arrancar declaraciones a detenidos políticos bajo tormentos. El ex funcionario judicial se excusó por motivos personales.

El conjuez Ricardo Lazzarini activó el expediente tras una mora de 15 meses de la Cámara de Apelaciones de Rosario que confirmó lo actuado en primera instancia, cuando el magistrado ad hoc desempolvó una vieja denuncia contra el ex funcionario judicial que ni siquiera fue sustanciada por Héctor Trippichio, uno de los dos jueces estrenó la democracia en 1984. Tampoco mereció una objeción del entonces fiscal Jorge Bruno. En consonancia, los dos, archivaron la causa.

En octubre de 2007.otro conjuez, Leandro Corti, había indagado a Montti por las denuncias que sobre él pesaban desde los albores de la democracia y por otros testimonios que se sumaron, como por ejemplo el del ingeniero Roberto Cepeda. En aquel momento, el ex funcionario judicial declaró por espacio de dos horas y quedó en libertad porque mostró sus cartas antes de volver a Santa Fe (en este caso para estar del otro lado del mostrador): solicitó la eximición de prisión que le fue concedida bajo fianza de 20 mil pesos. Desde entonces la causa entró en un bache, por todos los recursos que la defensa y el propio Montti presentaron para retrasar el proceso. Sobre el ex compañero de Víctor Brusa recayó entonces la responsabilidad que tuvo en los años de plomo en argentina bajo la figura de tres delitos bien tipificados: falsedad ideológica de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de auxilio.

Montti fue secretario del Juzgado Federal en Santa Fe en la dictadura e, incluso, ocupó el cargo de magistrado en una breve transición, y en calidad de subrogante por espacio de seis meses. Ya en la democracia, siguió siendo funcionario de la Justicia argentina y su último destino fue en Mar del Plata, en donde fue Fiscal General hasta el año 2002, cuando inició los trámites jubilatorios.

“Peor que Brusa”

“Quizás lo de Montti haya sido peor que lo de Brusa”, dijo el ex diputado del Partido Justicialista, Orlando Barquín, quien denunció a Montti en diciembre de 1983 por negarse a investigar una declaración que le habían arrancado bajo tortura en la comisaría 4º de Santa Fe, pero la causa nunca prosperó hasta ahora. Barquín dijo que el caso de Montti “no había salido a la luz como producto de lo que es la burocracia judicial y la parte de convivencia e impunidad que las instituciones judiciales y políticas tienen hasta el día de hoy, lamentablemente. Y allí aparece lo de Montti y las denuncias que varios detenidos hemos hecho respecto de este personaje”, declaró Barquín a este portal en 2007 cuando lo convocaron a ratificar la denuncia

El ex diputado recordó que denunció a Montti en 1983 después de sufrir la cárcel de la dictadura durante varios años. “A mi me torturan en la comisaría 4º y después me trasladan al Juzgado Federal de Santa Fe, donde estaba la declaración que me habían sacado bajo tortura y el doctor Montti me presiona para que me hiciera cargo ante la justicia de esa declaración. Yo le dije que si él me acompañaba a la comisaría 4, allí estaba la gente que me había torturado. Por supuesto que no hizo lugar a mi petición, inclusive la desestimó con malos tratos verbales. En diciembre de 1983 me presenté ante el juez federal de Santa Fe y hago la denuncia contra Victor Montti. Otro de los santafesinos que señaló a Montti como pieza principal del engranaje represivo fue Rubén Maulín que declaró ante la Conadep que “cuando nos tomaban declaraciones indagatorias en la seccional 4ta, en presencia del Juez Mántaras y los secretarios (Víctor) Montti y (Víctor Hermes) Brusa, nos encontrábamos descalzos, mojados y con signos de haber recibido apremios de todo tipo, y como ignorando nuestro estado nos preguntaban si habíamos sido objeto de malos tratos y ante nuestra respuesta afirmativa respondieron que ‘la habíamos sacado liviana”.

Este jueves, el conjuez Lazzarini lo debía indagar por las denuncias de Barquín, sumadas a las aportadas por Francisco Klaric y José Villareal, todas ventiladas ampliamente en la sala del Tribunal Oral Federal que sustancia la “causa Brusa”.