Estación Santa Fe

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Convenio para la Instalación de
CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS.
entre el Programa para la Sociedad de la Información (PSI)
y (Institución Responsable)

Entre el ESTADO NACIONAL, representado por la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS (en adelante SECOM), representada en este acto por el Lic. Gonzalo Heredia en su carácter de Coordinador General del a través del Programa para la Sociedad de la Información (en adelante el PSI), y con facultades suficientes para suscribir el presente, constituyendo domicilio en la avenida Leandro N. Alem N° 339, 4to. piso, of. 423, de esta Ciudad de Buenos Aires, por una parte, y por la otra, representada en esta acto por el Sr. , DNI N° ___, en su carácter de apoderado, conforme surge de la copia del poder que se adjunta al presente, constituyendo domicilio en , en adelante la INSTITUCIÓN RESPONSABLE, conjuntamente ambas denominadas LAS PARTES; y
Considerando
Que por iniciativa presidencial denominada “argentin@internet.todos”, implementada mediante el Decreto N° 1018/98 (en adelante el Programa), fueron creados los Centros Tecnológicos Comunitarios (en adelante CTC).
Que el Programa tenía los siguientes objetivos: “a) Promover el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en todo el país, procurando el acceso universal a la misma en condiciones de equidad geográfica y social; b) Estimular el desarrollo de redes nacionales y regionales sobre la base de la infraestructura de telecomunicaciones cuya implementación se propicia; c) Promover el acceso universal a INTERNET y a la tecnología de la información; d) Promover en el ámbito nacional la constitución de CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) como medios para el cumplimiento de los objetivos (establecidos en el Decreto mencionado)”.
Que, en la puesta en marcha del Programa, la SECOM suscribió con la INSTITUCIÓN RESPONSABLE un convenio (en adelante el Convenio Original), por el que se acordó instalar un CTC.
Que el Convenio Original se encuentra vencido y se produjo una reconducción automática hasta la fecha.
Que las condiciones establecidas en el Convenio Original se encontraban previstas para un contexto distinto del actual, lo que genera un marco de incertidumbre conceptual y jurídica que atenta contra el eficaz cumplimiento de los objetivos originariamente planteados.
Que, entre otras cuestiones, los coordinadores (en adelante los COORDINADORES) requieren de estabilidad en su rol para poder instrumentar proyectos de mediano plazo, a la vez que deben establecerse las condiciones básicas de su gestión.
Que, asimismo, se hace necesario adecuar las líneas directrices del proyecto CTC a los escenarios actuales del desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y las demandas de la comunidad.
Que, por otro lado, se han planteado nuevos objetivos perseguidos mediante la implementación de una red de CTC, entre los que se puede mencionar los siguientes:
· Fomentar de Internet en localidades alejadas de los grandes centros de consumo y en poblaciones con necesidades básicas insatisfechas.
· Promover la igualdad de oportunidades en el acceso a las tecnologías de la información.
· Impulsar nuevas herramientas pedagógicas mediante la utilización de redes informáticas tales como teleeducación, telesalud, etc.
· Favorecer mediante la apropiación de las TICs procesos de inclusión social finalidad última de la reducción de la brecha digital.
· Impulsar proyectos locales que propicien de modo integral la apropiación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la comunidad, articulando la inclusión digital, la capacitación y la salida laboral a través de emprendimientos productivos locales basados en la utilización de las TICs como herramientas.
· Generar hábitos populares de utilización de las tecnologías y un diálogo creativo con los avances tecnológicos.
· Promover la igualdad de oportunidades en el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (brecha digital).
· Desarrollar productos de información comunitarios a medida, destinados a mejorar y facilitar las actividades productivas de la población, el acceso general a la cultura y al conocimiento global.
· Promover la formación de una Red Formal de CTC, compartiendo experiencias-proyectos y haciéndolos comunes a todos.
· Promover la creación de agentes multiplicadores de las iniciativas de los Centros.
Que la SECOM suscribe el presente en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto N° 243/01.
Por ello, LAS PARTES acuerdan suscribir el presente Acuerdo (el Acuerdo), que se regirá conforme a los siguientes términos y condiciones:
ARTÍCULO PRIMERO: Objeto.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las condiciones en las que funcionará el CTC, en las dependencias de la INSTITUCIÓN RESPONSABLE.
ARTÍCULO SEGUNDO: Normas de aplicación.- Para el funcionamiento del CTC serán de aplicación las normas del presente Acuerdo y los Reglamentos que se adjuntan al presente.
ARTÍCULO TERCERO: El presente convenio tendrá una vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de su firma, renovable automáticamente por igual período, salvo que alguna de LAS PARTES comunique en forma fehaciente su voluntad de dejarlo sin efecto, con treinta (30) días corridos de antelación a la fecha de su finalización.
ARTÍCULO CUARTO: El ESTADO NACIONAL cumplirá sus obligaciones a través de la SECOM y del PSI dependiente de la SECOM obligándose a:
1. Diseñar y publicar una página Web del CTC que opere como medio de contacto del conjunto de los CTCs desde donde se implementen capacitaciones a distancia para COORDINADOR, se genere un reservorio de materiales educativos para replicar experiencias exitosas en otros CTCs o instituciones similares, se administre un blog interno, se publique una cartelera de eventos y/o programas de financiamiento y becas de interés, se administre el vínculo administrativo entre el PSI y los CTCs y se realicen en un entorno seguro y transparente las elecciones de representantes regionales.
2. Sustentar un proceso de capacitación permanente para el COORDINADOR, o quien este designe en su representación, tanto en aspectos relacionados directamente a su entrenamiento bajo el concepto formador de formadores, como con respecto a la gestión y autosustentabilidad del CTC.
3. Proporcionar asistencia general sobre el funcionamiento y modalidades del CTC, asesorando a los mismos en la búsqueda de vínculos locales y regionales con instituciones públicas, privadas y ONGs que permitan sinergizar los proyectos que por iniciativa propia quisieran implementar el COORDINADOR y contaran con el aval de la SECOM, a través del PSI.
4. Realizar su mejor esfuerzo para generar convenios marco con organismos internacionales, nacionales y/o regionales, públicos y privados, que sirvan de plataforma para el desarrollo de proyectos locales instrumentados por los CTCs.
5. Instrumentar procedimientos sistemáticos de monitoreo y evaluación de resultados del CTC, su COORDINADOR y la INSTITUCIÓN RESPONSABLE, de modo tal que permita construir un índice ponderado que asigne prioridades de acceso a programas de modernización de equipamiento, becas de capacitación a coordinadores, participación en proyectos especiales de nivel nacional e internacional y cualquier otro beneficio que el PSI pudiera instrumentar como parte de su política de reducción de la brecha digital. Los parámetros de dicho índice serán publicados en la página de los CTC y comunicados a los mismos antes de su entrada en vigencia.
6. Realizar los mayores esfuerzos para, en el marco de la disponibilidades estructurales vigentes, acercar conectividad a los CTC.
ARTÍCULO QUINTO: La INSTITUCIÓN RESPONSABLE se obliga a:
Proveer un ámbito físico para el funcionamiento del CTC dentro de la zona de influencia de la población meta seleccionada, asegurando condiciones básicas de seguridad, higiene y comodidad tanto para el equipamiento como para los usuarios del Centro.
Designar al COORDINADOR previa intervención de la SECOM, a través del PSI. La designación del COORDINADOR deberá ser efectuada por la INSTITUCIÓN RESPONSABLE por escrito y ser presentada ante la SECOM, a través del PSI, quien deberá expedirse dentro de los treinta (30) días de recibida la propuesta. En caso que hubiere transcurrido dicho plazo sin que la SECOM o el PSI se expidan en forma positiva, se considerará que la propuesta ha sido convalidada. El COORDINADOR durará en su función por un período de 2 años. Es requisito de validez de la designación, la previa y obligatoria intervención de la SECOM, a través del PSI.
La INSTITUCIÓN RESPONSABLE sólo podrá proponer a la SECOM, a través del PSI, el reemplazo del COORDINADOR, en cualquier momento, basado en incumplimiento del Reglamento de Coordinadores que se acompaña como Anexo I (en adelante REGLAMENTO DE COORDINADORES), del presente Acuerdo y/o por motivos graves.
El reemplazo del COORDINADOR deberá ser resuelto por la INSTITUCIÓN RESPONSABLE previa intervención previa y obligatoria de la SECOM, a través del PSI. La SECOM, a través del PSI, deberá expedirse respecto del reemplazo dentro de los cuarenta y cinco (45) días de solicitado por parte de la INSTITUCIÓN RESPONSABLE y, en caso de silencio se tendrá por rechazado el pedido.
Se considerarán variables de decisión primaria para el dictamen de la SECOM para la aprobación de la designación, las siguientes:
· El rendimiento obtenido en la gestión precedente del CTC, cuando el COORDINADOR ya estuviera o hubiera estado a cargo del CTC)
· El nivel de educación formal y/o capacitación específica para el rol.
· La experiencia en proyectos similares vinculados con la inclusión social a través de las TICs.
· La presentación de un proyecto pertinente para desarrollar durante el período de vigencia de la designación.
El dictamen del PSI tendrá carácter vinculante para la INSTITUCIÓN RESPONSABLE.
En el caso de que la SECOM, a través del PSI, objetarse la candidatura y se hubiere verificado el incumplimiento al REGLAMENTO DE COORDINADORES por parte del COORDINADOR que se encontrare en funciones, a instancias de la solicitud del PSI, la INSTITUCIÓN RESPONSABLE deberá proponer la designación de otro candidato para la función, dentro del plazo de cinco (5) días, según el procedimiento de designación antes descripto. En caso de que la INSTITUCIÓN RESPONSABLE omita proponer el COORDINADOR, la SECOM, a través del PSI, será intimado bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo SEPTIMO.
Verificar el cumplimiento del Reglamento de CTC que obra como Anexo I del presente Acuerdo (en adelante el REGLAMENTO DEL CTC).
Velar por el buen mantenimiento de los bienes y del equipamiento propiedad del ESTADO NACIONAL, entregados al CTC en el marco del Programa.
Facilitar el acceso a las instalaciones del CTC a las personas o instituciones que la SECOM, a través del PSI, designase con el objeto de verificar el estado del equipamiento propiedad del ESTADO NACIONAL, entregados al CTC en el marco del Programa, así como verificar el funcionamiento general del Centro.
Para los fines del punto 4 se tomará como referencia el Inventario declarado por la INSTITUCIÓN RESPONSABLE que obra como Anexo II del presente Acuerdo el cuál será auditado por el PSI en un plazo no mayor a noventa (90) días.
Tomar a su cargo los costos de mantenimiento del CTC que incluyen básicamente el mantenimiento de los equipos, del edificio y del personal. Dichos costos podrán solventarse mediante procesos de autofinanciamiento aprobados por la SECOM, a través del PSI, que no desnaturalicen la función básica del CTC.
Operar como facilitador de las gestiones institucionales necesarias para instrumentar convenios o participar de programas implementados por las autoridades locales o regionales.
Velar por el cumplimiento tanto de los objetivos del CTC como del REGLAMENTO DEL CTC por parte de los COORDINADORES, informando al PSI de cualquier irregularidad con respecto a los mismos.
No realizar traslados de equipos y/o materiales destinados al Programa y/o al funcionamiento del CTC, ni alterar la denominación del CTC, sin tramitar la correspondiente autorización ante PSI bajo de tener por resuelto en forma inmediata el Acuerdo, en cuyo caso el PSI podrá disponer el retiro y/o traslado del equipamiento provisto bajo el Programa, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en los términos del Artículo SEPTIMO.
Dar participación a la comunidad para lograr la apropiación y optimización del proyecto CTC integrándolo a la dinámica de significaciones sociales de la población receptora.
ARTÍCULO SEXTO: Ni el ESTADO NACIONAL, ni la SECOM, ni el PSI, adquieren por el presente ninguna otra obligación que las expresamente previstas en el Artículo CUARTO de este Acuerdo, quedando en consecuencia liberada de cualquier tipo de responsabilidad civil, comercial, penal, laboral o administrativa que pudiera surgir del cumplimiento del presente. La INSTITUCIÓN RESPONSABLE se compromete a mantener indemne al ESTADO NACIONAL, a la SECOM o al PSI por cualquier reclamo que pudiera generarse de terceros, como consecuencia de cumplimiento del presente Acuerdo.
ARTÍCULO SEPTIMO: La falta de cumplimiento fiel y cabal a alguna de las obligaciones establecidas para cada una de LAS PARTES, otorgará a la otra el derecho a resolver el presente Acuerdo en forma inmediata, sin perjuicio de los daños que pudieran reclamarse. En esta situación, la INSTITUCIÓN RESPONSABLE deberá devolver a la SECOM, los elementos que fueran entregados por ésta en el marco del Convenio Original, o de este Acuerdo, en buen estado de conservación y responder por todos los daños que hubiera generado en los equipos.
ARTICULO OCTAVO: La administración del CTC estará a cargo de un (1) COORDINADOR, quien será designado en los términos del inciso 2° del Artículo CUARTO del presente Acuerdo.
Será obligación del COORDINADOR, asimismo, velar por la correcta administración y el adecuado mantenimiento del CTC debiendo informar en forma inmediata al PSI cualquier inconveniente que hubiere verificado.
El incumplimiento doloso de las obligaciones por parte del COORDINADOR lo hará responsable en forma solidaria e ilimitada frente a terceros y/o al CTC, sin perjuicio de cesar inmediatamente en sus funciones.
ARTICULO NOVENO: LAS PARTES acuerdan la difusión de este Acuerdo en medios y ambientes especializados o generales, tanto dentro como fuera de la localidad beneficiada por el CTC.
ARTÍCULO DECIMO: Para cualquier discrepancia en la interpretación y efectos del presente, las partes deciden someterse a la jurisdicción y competencia de los Juzgados Federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder.
En prueba de conformidad, LAS PARTES suscriben el presente Acuerdo en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Buenos Aires, a los el mes de 2008.

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Para la institucion receptora

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Por el PSI

Entre otros puntos, se planteó la falta de financiamiento para los industriales que procesan el fruto, la pérdida de rentabilidad de la actividad y el histórico problema de la mano de obra.

También se ratificó la iniciativa que apunta a crear el Consejo Frutihortícola Regional.

Autoridades del Ministerio de la Producción estuvieron en Coronda donde mantuvieron un encuentro con productores frutilleros, industriales locales que procesan el fruto y concejales. El objetivo del encuentro fue evaluar la situación del sector. En total, unos 50 asistentes recibieron a primera hora a un grupo de funcionarios -a los que luego se sumó el propio titular de la cartera, Juan José Bertero- y ratificaron además el interés zonal por la formación de un Consejo Frutihortícola Regional.

Para los participantes -tanto productores como industriales- el encuentro dejó un sabor agridulce, no tan positivo, sobre todo por las amplias expectativas que se habían generado previamente. Es que, de acuerdo a lo que se pudo comprobar, los presentes esperaban de los representantes del ministerio medidas concretas frente al asfixiante momento económico que vive el sector, que reclama acciones rápidas.

En diálogo con El Litoral, el productor Ricardo Ramírez señaló que “se presentó la realidad y las posibilidades de crecimiento del sector”, y reconoció que “hemos quedado con el compromiso de hacer una mesa de trabajo para ir tocando tema por tema”. Según manifestó Ramírez “se planteó la falta de financiamiento para los industriales, ya que ellos tienen que comprar la fruta para todo el año y pagarla a muy corto plazo” y adelantó que la idea es trabajar en sintonía con un grupo de ingenieros agrónomos, incluidos profesionales del Inta, también presentes.

Durante el transcurso del encuentro se planteó fuertemente que Coronda y la zona demandan “respuestas rápidas”. Si bien se destacó la importancia de que las autoridades ministeriales hayan escuchado al sector, Ramírez manifestó su convicción de que “los gobiernos de turno tienen que acompañar a las producciones regionales cuando están en crisis, subsidiándolas no sólo con dinero, sino también puede ser, con aportes patronales”.

Por último, el productor expresó que “es importante que se hayan interiorizado, creo que había un desconocimiento, más allá de que en algunas cosas estaban asesorados”. “Los reclamos con mayor fuerza son que la clase política esté a la par de los sectores productivos”. En este sentido planteó el modelo de otras provincias como Tucumán y Buenos Aires.

Baja rentabilidad

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Gustavo Parera, consideró importante el número de productores presentes, convocados por la llegada a la ciudad del ministro Bertero “y movidos por una realidad acuciante del sector frutihortícola, fundamentalmente frutilleros”. “Ven cómo la actividad se retrae año tras año, como consecuencia de la pérdida de rentabilidad generada por un mercado que no permite al productor ser formador de precios y le genera un cuadro de costos de insumos en crecimiento” aseveró.

El titular del cuerpo legislativo corondino expuso el proyecto de ordenanza generado por el edil Juan Cruz Giménez, que intenta unificar institucionalmente a todas las asociaciones existentes (a saber Federación Agraria, Asociación de Productores, Denominación de Origen y Centro Comercial, Industrial y de Productores), con la incorporación de productores independientes, bajo la premisa de intentar “fortalecer al sector”. “El marco se denominaría Consejo Frutihortícola Regional, en concordancia con organizaciones provinciales existentes”, explicó.

Parera puso también de manifiesto en la reunión “un proyecto del senador departamental Danilo Capitani que intenta un paliativo, mediante la creación de un fondo provincial equivalente al monto de cargas sociales afrontadas por productores con superficie implantada de menor a 10 hectáreas”.

“El monto aproximado sería de 5.000.000 de pesos anuales y cubriría, en carácter de subsidio, a productores titulares de unas 200 hectáreas. Las condiciones son acogerse a programas de Buenas Prácticas Agrícolas, asesoramiento en producción y comercialización, cumpliendo de manera irrestricta las normas legales vigentes en materia de personal” finalizó el presidente del Concejo.

Fuente : derf

Además, para municipios y comunas significaría unos 400 millones de pesos más de coparticipación anual. La estrategia apunta a “armonizar” los tributos con otras provincias, como Córdoba y Entre Ríos.

El ministro de Economía, Ángel Sciara, dijo que “la reforma tributaria es un mecanismo de financiamiento imprescindible para dar respuesta a las demandas de la sociedad en materia de salud, educación, vivienda y de una mejor calidad de vida”. En tal sentido, señaló que la elaboración del Plan Estratégico y las Asambleas Ciudadanas “permitieron al gobierno tener una lectura de los anhelos y los proyectos de los santafesinos”.

A través de esa vía la provincia podría incrementar la recaudación, en 2010, en unos “1.200 millones de pesos, mientras que los municipios y comunas recibirían recursos adicionales por unos 400 millones de pesos”, indicó.

En declaraciones periodísticas, el ministro fundamentó la necesidad de incrementar los ingresos públicos en virtud de las proyecciones presupuestarias para el año próximo. El gobierno estima que el gasto público será de 13.000 millones de pesos, mientras que los recursos proyectados son de 11.000 millones de pesos, explicó.

Sciara destacó la “enorme rigidez” del gasto y precisó que “el 78 por ciento corresponde a salarios y coparticipación a municipios y comunas. Si se agregan los gastos no rígidos pero imprescindibles, como policía, salud, desarrollo social y educación, llegamos al 93 por ciento”, explicó. “Queda el 7 por ciento, la única porción flexible y allí está contenida la obra pública”, indicó. Al mismo tiempo, recordó que esta composición “no sólo se da en Santa Fe, sino que se repite en las demás provincias y hasta en la propia Nación”.

En cuanto al nivel de ingresos previstos, el ministro consideró que “hay que esperar unos meses, ya que todo hace presuponer que la economía estaría en el valle y comenzaría a trepar la cuesta, aunque lentamente”.

Armonización con otras provincias

Sciara anticipó que la propuesta del gobierno en materia impositiva incluye modificaciones en materia de Impuesto sobre Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano y Rural y Patente Automotor.

El ministro explicó que su equipo revisó la anterior propuesta de reforma tributaria y la convirtió en un proceso de armonización tributaria con otras jurisdicciones. “Esto no significa copiar, no significa establecer una simetría con otros regímenes, sino encontrar los propios niveles de tributos, económicamente consistentes, llevando la propia lógica de racionalidad económica a otros espacios”, indicó.

Sciara dijo que se estudiaron las estructuras tributarias de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. En ese marco, puso de relieve, por ejemplo, el caso de Entre Ríos, que recauda 65 millones de pesos anuales en concepto de Inmobiliario Rural, un 50 por ciento más que Santa Fe. “En los años de crecimiento económico los entrerrianos hicieron lo que no se hizo en nuestra provincia y fueron modificando el impuesto. Ellos están en la segunda reforma del Inmobiliario Rural y esperan recaudar 150 millones de pesos anuales en dos años. Nosotros estamos hoy en 40 millones, en esta Pampa Húmeda, con valores de 17.000 dólares la hectárea”, comparó.

“Con Buenos Aires uno también encuentra cosas interesantes. Podemos armonizar desde la lógica, pero no desde las alícuotas porque la estructura de esa provincia nos trasciende y puede llevar a otras distorsiones”, advirtió Sciara.

En cambio, afirmó que Córdoba y Santa Fe “son dos provincias con estructuras económicas similares. Ellos nos miran a nosotros y nosotros los miramos a ellos. Entonces, si es racional establecer un 0,5 de Impuesto sobre Ingresos Brutos en Córdoba, ¿por qué no es racional hacerlo en Santa Fe. ¿Es distorsivo en Santa Fe y no lo es en Córdoba?”, preguntó.

Por otra parte, el ministro destacó que al igual que las modificaciones propuestas en 2008, éstas incluirán “criterios de progresividad, por los cuales pagan más quienes mayor capacidad contributiva tienen. Entonces tendremos amplias franjas con tasa cero y sistema simplificado para pequeños empresarios. En relación al Impuesto Inmobiliario, exceptuamos de modificaciones de alícuota a un amplio sector, que paga el mínimo”.

Responsabilidad fiscal

El ministro de Economía también se refirió a la aprobación por parte el Congreso de la Nación del proyecto que suspende la ley de Responsabilidad Fiscal hasta fines de 2010, para dejar sin efecto los topes de gasto y endeudamiento de las provincias.

“En verdad, para Santa Fe la ley de Responsabilidad Fiscal resultó más una exigencia externa que un problema hacia adentro. Nosotros queremos ser responsables más allá de la ley. Pero además, Santa Fe tiene su propia ley de Administración Financiera en relación al tema endeudamiento. El límite es el 15 por ciento de los servicios respecto de los ingresos, y nosotros estamos en el 4 por ciento; entonces la suspensión de la ley de Responsabilidad Fiscal no nos afecta”, explicó.

Fuente: Secretaría de Comunicación Social

Señalan que hay mucha incertidumbre sobre la continuidad de obras públicas y reclamaron la regularización de pagos de certificados.

“La situación actual de la obra pública es de mucha incertidumbre. Por un lado no conocemos el plan de obras a ejecutar en 2010, que por supuesto deberá estar atado al presupuesto que finalmente se apruebe para el ejercicio del año entrante. Por otro, estamos cobrando los certificados de obras en ejecución a 120 días, o sea 60 días más de lo que establece la ley de obras públicas. Esta situación se viene dando desde principios de año, y aún no nos han comunicado hasta cuándo va a continuar”, coincidieron en señalar Roberto Pilatti, Norberto Allaio y Lucio Franzoni, presidente, secretario y tesorero de la Cámara Argentina de la Construcción, delegación Santa Fe.

“Nosotros pensamos que ya es tiempo de que se vayan regularizando los pagos, pero si tenemos en cuenta las declaraciones de los funcionarios, el panorama no es muy alentador. Las empresas tenemos un cuello de botella financiero muy difícil de atravesar o directamente imposible”, añadieron.

Ante una consulta, explicaron que “se decidió en modo unilateral el pago de los certificados a 120 días. Ante esa situación, solicitamos algunas cuestiones que nunca fueron atendidas, como por ejemplo el reconocimiento de los gastos que implica la disminución del ritmo de obra, la prolongación de los plazos y el pago de intereses por mora a una tasa razonable cercana a la de mercado. Téngase presente que cuando una empresa descuenta un certificado de obra pública en un banco, la tasa más los gastos le representan un 23/25 %, y el interés que le reconoce la provincia es del orden del 1 % anual. O sea que la deuda con los contratistas es la fuente más barata de financiamiento de la provincia”, resaltaron.

Los empresarios de la construcción también anunciaron que junto con el secretario general de Uocra, Luis López, presentaron una nota en la cual solicitan una audiencia con el gobernador, Hermes Binner, hasta ahora sin respuesta. “Tanto los trabajadores como los empresarios estamos muy preocupados por la situación de la obra pública en la provincia. No se conoce el plan para el año entrante, hay pocas obras en licitación y las que están en ejecución se están cobrando a largo plazo. Ello implicó la disminución del ritmo de las obras, que significa menos trabajo para los obreros”, sostuvo Pilatti.

Allaio, por su parte, indicó que “la construcción tiene la particularidad de reactivar rápidamente el circulo virtuoso del trabajo. Con la implementación del Plan Federal I de Viviendas se incorporaron en poco tiempo 12.000 obreros al trabajo genuino, con sus aportes, asignaciones familiares, seguros y obra social, a esto debe sumarse el empleo que se generó en los proveedores, fabricantes de aberturas y otras actividades afines. Ante la falta de instrumentación de otro de características similares, toda esa gente perdió el empleo. En la provincia no se ejecutaron prácticamente viviendas del Plan Federal II, lo que resintió el empleo”, añadió.

Situaciones no queridas

Ante una consulta sobre la relación empresarial con Aguas Santafesinas, los dirigentes de la CAC local admitieron que “ya se han empezado a dar situaciones no queridas, pero que lamentablemente no se pueden evitar. En Rosario, ya se han paralizado obras y si la situación no cambia, esto es si Aguas no cumple con las acreencias de las empresas, las paralizaciones se van a suceder. Los contratistas de Aguas Santafesinas están muy preocupados por la situación y nos consta que a lo largo del año, vienen solicitando audiencias y reuniones a efectos de plantear los problemas y tratar de encontrar las soluciones, que hasta el momento no han llegado”, insistieron.

En otro orden, en la delegación de la Cámara se integró una Comisión de Obras Privadas, que ya se reunió con el intendente, Mario Barletta, para comenzar a trabajar en el tema de la modificación al reglamento de zonificación, entre otros puntos. “La intención es que las modificaciones se produzcan por consenso”, destacó Pilatti.

Ventas minoristas en retroceso

Las ventas de los comercios minoristas de todo el país se contrajeron en octubre un 6,6 por ciento frente a igual mes de 2008, aunque se desaceleró el ritmo de caída, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

La ventas acumularon en diez meses una retracción de 11,1 por ciento con respecto al mismo período del año anterior. “Octubre comenzó muy tranquilo para la actividad comercial. Pero desde las últimas dos semanas del mes, la llegada del calor, la estabilidad del dólar y la mejora en el humor económico alentaron un mayor movimiento. Eso permitió aliviar a los empresarios y compensar parte de lo que no se vendió durante las dos primeras semanas”, evaluó la entidad.

El informe prevé que “de sostenerse esa tendencia, la actividad podría mostrar una mejora importante durante los dos últimos meses del año, que son de gran importancia para el comercio”, aunque lo condicionó a “que se mantenga la disponibilidad de crédito actual, que no haya sobresaltos en los precios y se reduzcan las grandes promociones en los hipermercados y shoppings”.

En este sentido, Came advirtió que un factor que continúa perjudicando a los comercios de calles y avenidas son “las promociones en hipermercados y shoppings”. Al respecto, explicó que “los descuentos llegan al 35 por ciento y parte del público se ha hecho el hábito de comprar sólo en los días de descuentos, en esos lugares”, lo cual origina que “en un mismo día donde determinados centros de compras o hipermercados se llenan de gente, el resto de los comercios permanecen vacíos”.

La entidad señaló que los comercios volvieron a ofrecer tres cuotas sin interés para incentivar las ventas, pero “absorbiendo el costo financiero” lo cual “si bien incide en la rentabilidad, ayuda a tener liquidez”.

El sondeo precisó que de los 22 rubros que componen la oferta minorista, 19 registraron caídas y 3 se mantuvieron sin cambios, entre ellos el de alimentos y bebidas.

Bonos

Ante la posibilidad de que el gobierno provincial emita bonos, la CAC Santa Fe “está absolutamente en contra de emisión de cuasimonedas para el pago a contratistas, proveedores y agentes del Estado. Si la idea es lanzar una línea de bonos como los BonCor que emitió Córdoba para financiar la construcción de obras de infraestructura, habría que evaluar la real posibilidad de colocación de los mismos en el mercado financiero”, destacó Allaio.

En Rafaela

Los representantes de la CAC se refirieron a la paralización de tres obras en el municipio rafaelino. “Las empresas no pudieron soportar la falta de pago de certificados y estuvieron obligadas primero a disminuir el ritmo de trabajo y finalmente a paralizar las obras. Se adeuda a las contratistas los certificados de obra desde septiembre de 2008 en adelante y las redeterminaciones del contrato desde 2007”, indicaron.

El desarrollo económico local
es un imperativa de estos tiempos, y especialmente en las 318<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–>
localidades con menos de 10.000 habitantes de la Provincia de Santa Fe.
Mucho se ha hecho y con éxito en las grandes ciudades, pero hoy es el turno de
centrar la atención, con políticas activas, en estos gobiernos locales que
cubren casi el 80 % de la geografía de la provincia. Para esto es necesario
convocar a todos los actores sociales del territorio para formular un Programa
de Desarrollo Productivo que los contenga y que satisfaga sus propias
necesidades.

Algunos puntos o
ejes disparadores para este programa podrían ser:

• Creación de
  Agencias o Centros de Desarrollo en cada localidad, las que estarán
  relacionadas entre si y con una red provincial,
• Programa de
  financiamiento alternativo para micro empresas canalizando
  el ahorro local, a través de asociaciones mutuales o cooperativas,
• Desarrollo
  de Proyectos Productivos locales, teniendo en cuenta las particularidades y
  capacidades del territorio y tratando de captar el ahorro local detrás de
  un proyecto productivo que beneficie a toda la comunidad, el cual será
  diseñado por un cuerpo de profesionales que trabajará conjuntamente con la Agencia de Desarrollo
  local.