Estación Santa Fe

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“Resultan por lo menos preocupantes las manifestaciones respecto de una supuesta connivencia o pacto entre el Poder Judicial y referentes políticos, sin precisar casos concretos, ni indicar los elementos demostrativos de tan grave imputación”, dice en uno de sus tramos el comunicado.

La Corte Suprema de Justicia respondió este miércoles a las declaraciones del gobernador de la provincia, Hermes Binner, quien dijo el lunes que “si yo fuese miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, hoy presentaría mi renuncia”, afirmación realizada como derivación del caso Fraticelli

Al respecto, la Corte dio a conocer un comunicado en el que, textualmente, sostiene:

“La Corte Suprema de Justicia, que junto a los restantes poderes del Estado conforman el gobierno constitucionalmente establecido de la Provincia de Santa Fe, se ve en el deber de formular la presente declaración con motivo de las apreciaciones efectuadas por el señor Gobernador de esta provincia, que fueron ampliamente difundidas por los medios periodísticos.
“En primer término y conscientes de los tiempos que nos toca a todos atravesar, cabe destacar que la prudencia y mesura política constituyen, hoy más que nunca, valores que deben ser preservados de modo especial por las autoridades que ocupan cargos de máxima responsabilidad política, por encarnarse en ellas la representación del poder institucionalizado.

“Que precisamente por ello, es deseable que las opiniones que dichas autoridades expresan, más allá de la firmeza y convicción con que las mismas sean expuestas, encuentren un límite en la debida consideración y respeto que, en el marco de las relaciones institucionales, se deben entre sí los distintos poderes del Estado.

“Por tal motivo, resultan por lo menos preocupantes las manifestaciones respecto de una supuesta connivencia o pacto entre el Poder Judicial y referentes políticos, sin precisar casos concretos, ni indicar los elementos demostrativos de tan grave imputación. No puede dejar de advertirse que toda generalización no hace más que poner en tela de juicio la independencia de todos los magistrados y contribuye -injustificadamente- a alentar la desconfianza hacia uno de los poderes del Estado, impidiendo discernir responsabilidades concretas.

“Cuestionar la existencia de uno de los valores intrínsecos de la magistratura, y hacerlo de modo generalizado, daña la imagen de un poder judicial que se nutre de jueces y funcionarios que ejercen dignamente y al límite de sus posibilidades la función judicial, y de prestigiosos magistrados y funcionarios cuyos nombres y méritos trascienden las fronteras de la provincia y el país.

“Por otra parte, y sin perjuicio de la libertad que cualquier ciudadano tiene para expresar sus opiniones y críticas, no resulta aceptable y luce desproporcionada la sugerencia que se formula a jueces que han resuelto en un sentido determinado una causa judicial de indudable trascendencia pública. En primer lugar, porque esos jueces -como todos- tienen en el marco de sus atribuciones jurisdiccionales una amplia libertad para decidir en las causas en las que intervienen (precisamente por ello existen numerosas sentencias con votos divididos) y el sistema posibilita la revisión y hasta la anulación por parte de tribunales superiores de dichas decisiones; y, en segundo lugar, porque, salvo las causales legal y constitucionalmente establecidas, no pueden ser cuestionados por el contenido de sus sentencias.

“Tampoco es posible derivar de una decisión de segunda instancia, recaída en una causa donde está en juego la inocencia o culpabilidad de justiciables, que además, aún se encontraría en trámite, y, por tanto, expuesta a la revisión de órganos jurisdiccionales superiores, la falta de compromiso de los integrantes de esta Corte y del Poder Judicial en general en el impulso y transformación del sistema procesal penal de nuestra Provincia y del sistema judicial en su conjunto. Tanto es así que la Declaración Inicial del Plan Estratégico del Estado Provincial para la Justicia Santafesina data del 10 de mayo de 2006 y le cupo a esta Corte la iniciativa de dicho plan, el que pasó a constituirse en un hecho inédito en el país, logrando la participación de todas las expresiones institucionales, políticas, académicas, profesionales y judiciales para tratar una agenda de once temas sobre los que se arribó en su totalidad a proyectos consensuados, varios de los cuales aún se encuentran en trámite ante la legislatura de la Provincia y otros han sido convertidos en ley como el Código Procesal laboral y el propio Código Procesal Penal, que hoy se trata de implementar progresivamente. Asimismo, fue esta Corte la que debió acudir a sus excepcionales poderes reglamentarios, ante la ausencia de normativa procesal en relación al tema.

“Demás está señalar que muchos integrantes del Poder Judicial bregaron desde hace muchos años por el proceso de modernización, integraron diversas comisiones de reforma e incluso asumieron la responsabilidad de intervenir en el diseño normativo que finalmente fuera aprobado. Que sin perjuicio de lo expuesto, es con el mismo compromiso y en la misma línea de pensamiento y acción, que esta Corte viene construyendo un diálogo enriquecedor de las ideas individuales, generando ámbitos de intercambio y trabajo con diversas autoridades, a través de los cuales siempre se han obtenido resultados superadores, en los encuentros mantenidos con los titulares de los demás poderes del Estado, integrantes de los cuerpos legislativos, colegios profesionales, representaciones gremiales y autoridades universitarias, sobre todas las temáticas y materias, que hacen a la prestación del servicio de justicia, de manera de coordinar, entre otros, el más eficiente proceso de transición entre el viejo y el nuevo sistema procesal penal, como asimismo el de incorporar las nuevas estructuras procesales y herramientas necesarias para su instrumentación y, por tanto, para la mejor prestación del servicio. En esa línea de acción, no se puede ignorar la dedicación y los esfuerzos que viene empeñando este Poder Judicial en los temas de capacitación, mediación, recursos humanos y materiales que, inclusive, se han gestionado conjuntamente con el Poder Ejecutivo, para acompañar decididamente el proceso de transición entre el nuevo y el viejo sistema, todo lo cual pone claramente en evidencia que no sólo no se es refractario al cambio, sino que hay un decidido involucramiento en el mismo.

“En similar orden, sorprende también que en dichas declaraciones se pretenda endilgar a este Poder Judicial la designación de uno de los integrantes de este Cuerpo, toda vez que aquella designación fue dispuesta por los otros dos órganos democráticamente constituidos del Estado, y a través del procedimiento constitucionalmente previsto para ello.

“Que, finalmente, este Tribunal como cabeza del Poder Judicial de la Provincia, desea expresar que lejos de incentivar la toma de innecesarias y estériles posiciones enfrentadas, aspira a que las declaraciones periodísticas del señor Gobernador de la Provincia hayan constituido un episodio aislado, que seguramente se superará a poco que se retome el camino común en el marco del diálogo institucional siempre mantenido, el que -según lo entiende esta Corte- no es tanto el que se ofrece o se reclama, sino el que se construye cotidianamente.

“En ese orden de ideas, es preciso insistir que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia permanece dispuesta a transitar dicho camino, al que no habrá de renunciar, en tanto de por medio se encuentran valores fundamentales que hacen a la vida misma del Estado y a la satisfacción de las necesidades fundamentales de nuestro pueblo”.-

Este año el presupuesto provincial destinado al Ministerio de Educación fue de 4.379.128.366 pesos, lo que representa el 35 por ciento del total de los recursos de la administración central del Estado provincial, 1.012 millones más de lo comprometido con la Nación a través de la Ley de Financiamiento Educativo.

La provincia de Santa Fe sobrecumplió, por segundo año consecutivo, la exigencia en materia de inversión educativa establecida por la ley Nacional de Financiamiento Educativo, al destinar este año 4.379 millones de pesos, 1.012 millones de pesos más que el monto comprometido con la Nación. El gobierno provincial destina a Educación un 35 por ciento del presupuesto.

El gobernador Hermes Binner y el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, suscribieron hoy en Rosario las actas de monitoreo de metas y acciones comprometidas por la provincia con el gobierno central por la Ley de Financiamiento Educativo para los años 2008 y 2009.

En la oportunidad Sileoni indicó que “esta provincia sobrecumplió las metas” y esto se ve reflejado “en los establecimientos construidos, el aumento de cargos, la titularización de los docentes, la capacitación en servicio y la solidez de los niveles inicial y primario”, indicó el titular de la cartera educativa nacional.

Con la firma del acta de monitoreo, la provincia recibió el visto bueno de la Nación respecto del cumplimiento de las metas educativas planteadas para los años 2008 y 2009. El monitoreo contempla el control de la ejecución, por parte de la provincia, de los fondos que recibe de la Nación para destinarlos a infraestructura, equipamiento, becas y capacitación docente, entre otros rubros. También se miden los logros obtenidos a través de la aplicación de los distintos programas.

El monitoreo que realiza la Nación tiene su origen en 2005, con la puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Educativo. Por esta norma, las provincias y el gobierno nacional se comprometen a desarrollar diferentes acciones para arribar a 2010 con un incremento en la inversión educativa, ciencia y tecnología que llegue al 6% del PBI.

También participó del acto, que se realizó en el salón Blanco de la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, la titular de la cartera educativa provincial, Elida Rasino.

“Creemos en la escuela pública”

En la oportunidad, Binner sostuvo que “necesitamos incorporar la inclusión social a través de la escuela. Creemos en la escuela pública; la escuela es el atractivo cultural fundamental de la construcción de una ciudad y de una provincia”, expresó el mandatario provincial.

“Tenemos muchísimo por hacer y estamos encaminados y contentos por haber sobrecumplido, pero podemos seguir avanzando. Este es el camino para empezar a recuperar la sociedad”, auguró Binner.

Asimismo, el ministro de Educación nacional recordó que la Ley de Financiamiento Educativo “impone la realización de convenios bilaterales entre la Nación y las provincias. No son tiempos fáciles y necesitamos que haya hermandad; la educación dejó de ser un problema para los educadores y pasó a ser de la sociedad argentina; hoy hay más conciencia de que es un tema de todos”, puntualizó Sileoni.

Por último, Rasino destacó que el gobierno provincial “está invirtiendo más del 35 por ciento del Presupuesto en educación. Es una decisión política de todo un gabinete con verdadera vocación de diálogo”, indicó.

“Necesitamos que la sociedad toda ubique estos temas en la agenda, porque sólo una sociedad formada jerarquiza la educación”, concluyó la ministra provincial.

Metas 2009 sobrecumplidas

En el año 2009, el presupuesto provincial destinado al Ministerio de Educación fue de 4.379.128.366 pesos, lo que representa el 35 por ciento del total de los recursos de la administración central del Estado provincial.

Asimismo, en el marco de la ley de Financiamiento Educativo, en 2008 se invirtió 3.438 millones de pesos, 669.663.246 pesos por sobre las metas requeridas, lo que representa un 23,05 por ciento más.

En tanto en 2009 se destinó a Educación 4379 millones de pesos, 1.012 millones de pesos más que lo requerido por la Nación, lo que representa un 22,6 por ciento.

Fuente: Secretaría de Comunicación Social

Se encargará de controlar el cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas de transporte público de colectivos y del municipio, así como la calidad del servicio. El Ejecutivo se autolimitó para la designación de los integrantes y elevó al Concejo los nombres propuestos para el cargo.

La Municipalidad de Santa Fe informó que para dar cumplimiento a lo normado por la Ordenanza Nº 11.580, que estableció las mejoras del sistema de Transporte Público de Pasajeros por Colectivos de nuestra ciudad, se pondrá en marcha formalmente el Organo de Control, un ente que se encargará de “ejercer el control, seguimiento y resguardo de la calidad del servicio para la defensa y protección de los derechos de los usuarios y del medio ambiente, velando por la observancia de las ordenanzas que regulan la materia”, tal como se lee en la normativa.

El municipio comunicó además que “el Ejecutivo Municipal decidió autolimitarse en la designación de los tres integrantes para conducir el Órgano de Control que garantizará el cumplimiento de las obligaciones tanto del Municipio como de las empresas prestadoras, así como también la calidad del servicio”, señalando que “se trata de una instancia de fundamental importancia en la institucionalidad municipal, ya que permitirá transparencia y participación ciudadana en la conformación de los miembros del ente, y abrirá un nuevo canal para que los usuarios del servicio manifiesten su opinión sobre el mismo”.

“La importancia de poner en funcionamiento este Órgano -que está en el marco de la ordenanza que ya produjo una serie de mejoras-, es que vamos a contar con un organismo técnico que va a controlar que se brinde un buen servicio, especialmente en recorridos, frecuencias y antigüedad de la flota”, destacó el secretario de Gobierno, José Corral.

“Además va a contar con la tecnología que la propia ordenanza establece como el uso de GPS”, agregó.

Integrantes propuestos

Para la designación de sus integrantes, el Ejecutivo decidió seguir la misma metodología implementada cuando debió renovar los cargos en el Tribunal de Cuentas.

Así, el intendente ya elevó al Concejo los tres nombres, correspondientes a los perfiles requeridos. “Los nombres enviados suman tres perfiles distintos: un ingeniero, un abogado y una contadora que reúnen las diferentes miradas que hay que tener para hacer una buena auditoría en el tema”, aseguró Corral.

Para Corral, “el municipio se profesionaliza en las funciones de control y asesoramiento, porque a la hora de tomar decisiones, se contará con los informes técnicos de este cuerpo profesional”, indicó.

Luego detalló que la propuesta presentada al Concejo está conformada por la contadora María Cecilia Arietti, el ingeniero Juan Francisco Jaurena y el abogado Luis Camilo Larrosa.

En los próximos días, se difundirán formalmente los antecedentes académicos y profesionales de cada uno, garantizando transparencia y participación ciudadana en la conformación del Órgano de Control. Y también se difundirán sus compromisos públicos y privados. Según establece la ordenanza, el mandato será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos una sola vez.

Funciones

Corral recordó que de acuerdo con lo previsto por la reglamentación, este Organismo tendrá como funciones la auditoría del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales por parte de los prestadores del servicio, así como también de las acciones de control que el Departamento Ejecutivo Municipal implemente sobre el sistema de Transporte.

Además controlará el cumplimiento de las normas de calidad, realizará encuestas y evaluaciones sobre el servicio, y luego procesará y publicará esos datos estadísticos.

Complementariamente, analizará los recorridos y frecuencias de las líneas de transporte, y recibirá quejas y reclamos de los usuarios.
Finalmente, asistirá al Departamento Ejecutivo Municipal y al Concejo en la elaboración de las políticas de planificación, gestión y regulación, y en las acciones que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento de sus misiones y funciones.

La Cámara Baja del Congreso aprobó por 136 votos a favor (necesitaba 129) contra 99 en contra y una abstención el proyecto que, entre otros cambios, propone elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas en todos los partidos.

El kirchnerismo consiguió hoy los votos para lograr la sanción en la Cámara Baja del proyecto de reforma política, aunque con un ajustado margen dado que los bloques de centro izquierda, que en más de una ocasión operaron como aliados en el recinto, votaron en contra.

La iniciativa, ahora girada al Senado, recibió más de cincuenta modificaciones en el plenario de las comisiones respecto del texto original remitido por el Ejecutivo, y fue aprobada por 136 votos positivos (incluido el voto del presidente del cuerpo, Eduardo Fellner), contra 99 negativos y 1 abstención.

En un trámite rápido, se votó en general y en particular de una sola vez, el oficialismo superó aunque en forma ajustada los 129 votos (es decir, mayoría calificada), necesarios para hacer una reforma del Código electoral.

El eje de la reforma es la realización de elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas en todos los partidos, el segundo domingo de agosto del año electoral correspondiente. Entre los cambios incorporados, “se reduce a 1,5 por ciento” el piso de los votos para poder pasar a la elección general contra el 3 por ciento que decía el proyecto original, un punto que afectaba a los partidos chicos. Además, se bajó el piso electoral para conservar la personería del 3 al 2 por ciento del padrón electoral del distrito correspondiente y se mantiene el requisito actual de la inscripción en cinco jurisdicciones para que un partido sea nacional.

Voces en el Congreso

El peronista bonaerense Jorge Landau explicó el proyecto por el Frente Para la Victoria, en lugar de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño, quien si bien todavía forma parte del bloque oficialista, suena para encabezar una bancada de justicialistas disidentes.

Landau, apoderado del PJ nacional, destacó que el proyecto impulsado por el Ejecutivo reseñó que la propuesta oficialista dispone la extinción “de las acciones públicas iniciadas por el Ministerio de Interior respecto de la caducidad (de partidos políticos), para que puedan hacer borrón y cuenta nueva” y aclaró que las boletas para votar en las “primarias” estarán punteadas para permitir el corte, como en las elecciones generales.

Sobre el financiamiento, indicó que “el Estado se va a hacer cargo del grueso del costo de la campaña electoral” lo cual estimó que beneficiará especialmente a los partidos chicos.

Las voces más duras contra el proyecto fueron de los bloques de centro-izquierda, aliados eventuales del oficialismo, del SI, Encuentro Popular y Social y Proyecto Sur. Al rechazar la propuesta oficial, el bonaerense del SI apuntó que “la primera reforma política debe ser la cuestión social”, reconoció que “a diferencia de otros proyectos que sí apoyamos, hoy no estamos de acuerdo con el corazón de esta iniciativa” que son “las internas abiertas” porque en lugar de reordenar “el sistema político” se creó para resolver las internas “del PJ y la del Acuerdo Cívico”.

Su compañero de bancada Eduardo Macaluse fue admonitorio, al sostener que la ley busca “resolver la interna del partido gobernante” y añadió: “Estoy seguro de que si el gobierno considera que la interna la pueda perder esta ley va a tener alguna modificación. Acuérdense lo que digo porque la interna puede dejar de ser obligatoria”, vaticinó.

Mientras, la ex kirchnerista Vilma Ibarra indicó que la iniciativa “tiene el objetivo de reinstalar el viejo bipartidismo”, consideró que la medida no ataca “el grave problema de representación política” existente en el país y que presenta “una cantidad de obstáculos para obtener la personería, argumentando que el problema son los partidos chicos”.

Desde el radicalismo, uno de los partidos beneficiados por la norma, el jefe del bloque, Oscar Aguad, adelantó el voto negativo, aunque lo justificó en la falta de tiempo para el tratamiento del proyecto, pero aclaró que “el bipartidismo es un hecho natural de la sociedad. Lo vota la gente, no lo hace una ley”.

El jefe del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, planteó la necesidad de instaurar “un sistema independiente” para organizar y controlar los procesos electorales y volvió a reclamar la implementación de la boleta única. Del PRO, Christian Gribaudo ratificó la posición de su bloque en contra de la norma y manifestó que “una reforma política seria tiene que ser abierta a la sociedad” y tender a “fortalecer un sistema de partidos que está naciendo en la Argentina, que tiene que ver con figuras que han sido reconocidas por la sociedad”.

Por su parte, el jefe del bloque K, Agustín Rossi, negó que la iniciativa sea “un traje a medida para tal o cual candidato” y afirmó que, en realidad, “viene a favorecer las disidencias”, además de que el hecho de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias hará que “el peso de los oficialismos partidarios sea mucho menor en termino relativo”.

DYN

El presidente del Mercado a Término de Rosario (Rofex), Luis Ossola, aseguró en diálogo con Infobae.com que “no se evidencian cambios” para el próximo año a partir de la renovación del Congreso el 10 de diciembre. Auguró una “salida paulatina” al conflicto entre el campo y el Gobierno

Uno de los principales mercados de la Argentina y Latinoamérica, celebra sus primeros 100 años de operaciones. En este marco, su presidente Luis Ossola, habló con Infobae.com sobre las expectativas a partir de la conformación del nuevo Congreso a partir del 10 de diciembre.

“Nosotros auguramos que el conflicto del campo sea un tema que paulatinamente se vaya componiendo y para ello necesitamos que los mercados funcionen”, aseguró Ossola.

En tal sentido, el titular del Rofex aseguró que “si el mercado de exportaciones funciona, para nosotros es la base de los mercados de futuro” y por eso “estamos esperanzados en que las diferencias entre el sector agropecuario y el gobierno nacional se corrijan”.

“La Argentina tiene un gran potencial en lo que se refiere a futuros agropecuarios y tenemos confianza en que en el futuro el volumen será creciente. Este año volveremos a un registro de 6 millones de toneladas”, concluyó.

Al mismo tiempo, Ossola advirtió que también tiene que ayudar el clima: “Tiene que ayudar el tiempo, porque de nada sirve si no hay una buena cosecha”.

Al mismo tiempo, el responsable del mercado rosarino, fundado el 19 de noviembre de 1909, aseguró que no ve cambios con el tipo de cambio, teniendo en cuenta que los contratos del dólar a futuro tienen plazos de hasta 18 meses.

“Desde el punto de vista nuestro y como venimos trabajando con un dólar a futuro de hasta casi un año y medio, lo que marca cual es la expectativa de los inversores, no creo que los cambios en el Parlamento, que pueda haber a partir del 10 de diciembre, incidan en la valuación de dólar en 2010”.

Ossola afirmó que en el año 2009 el volumen de futuros de dólar superará los 50.000 millones de dólares, “una cifra insospechada años atrás”.

Para finalizar, Ossola se mostró expectante ante los contactos que posiblemente mantengan las autoridades del Rofex con el flamante titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli,

“Vamos a conversar con ellos (por las autoridades de la CNV y ver si tienen alguna expectativa diferente a la que teníamos, pero con la CNV nunca tuvimos ningún inconveniente, al contrario, y no creo que esto cambie”, enfatizó.

Ossola recalcó que “lo que cambia es una sola persona de tres que integran el directorio, las otras dos quedan; estimo que no tendríamos que tener cambios importantes”, afirmó respecto a la política que aplica el organismo que controla los mercados bursátiles.

El Mercado a Término de Rosario celebra sus 100 años y más de 600 invitados asistieron al cocktail que tuvo lugar en el salón de usos múltiples de la Bolsa de Comercio de Rosario.