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DURA RESPUESTA DEL GOBIERNO A UN COMUNICADO DEL FORO DE INTENDENTES
“Nunca restamos dinero a municipios”
El secretario de Finanzas, Carlos Fernández, salió al cruce de un comunicado de los jefes comunales justicialistas, quienes habían “rechazado enérgicamente” los aumentos de tarifas, reclamaron obras y dudaron del destino de los fondos.
El secretario de Finanzas Públicas de Santa Fe, Carlos Fernández, salió ayer a responderle al Foro de Intendentes y Presidentes de Comunas Justicialistas por sus críticas al aumento de tarifas. “Son planteos exclusivamente políticos. Esta gestión triplicó los fondos que llegan a los municipios para obras públicas, a diferencia de lo que hizo el PJ cuando gobernó”, sostuvo el funcionario en diálogo con Rosario/12. Y agregó que el reclamo “no se entiende de ninguna manera”. El Foro había sorprendido con un manifiesto en el que expresaron su “enérgico rechazo” a la decisión del gobierno provincial de aumentar en 60 días las facturas de agua en un 19 por ciento y la de energía eléctrica, en un seis por ciento. Sostuvieron que en sus localidades no hay obras que lo justifiquen. Las críticas se sumaron a las ya formuladas por el ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, sobre las tarifas locales.
Unos veinte intendentes de la provincia de Santa Fe nucleados en PJ salieron ayer a pegarle duro al gobierno. “Ya van dos años de esta gestión y ningún municipio o comuna vio obras que mejoren la calidad de vida de su gente, que justifiquen los sucesivos aumentos tarifarios que viene realizando ASSA”, se lee en el comunicado. Y añade: “Existe un déficit enorme por parte de la administración provincial con todos los santafesinos. Dos ejemplos claros de esto han sido la poca cantidad de obras de saneamiento y de mala calidad realizadas en 2009 y la falta de un plan para 2010″.
Al texto escrito se sumaron las opiniones en primera persona de los distintos jefes comunales de la región liderados por Alejandro Ramos, de Granadero Baigorria. “Que nos digan qué van a hacer con la plata porque en todo el 2009 en nuestra ciudad la calidad del agua fue muy mala y no hubo obras de extendido cloacal de ningún tipo”, enfatizó. Y sostuvo que lo mismo sucede en otros ámbitos: “Baigorria tiene 50 mil habitantes y en 2009 recibió dinero apenas para pavimentar diez cuadras, es una vergüenza”. Sus pares de Puerto General San Martín, Fray Luis Beltrán, Pérez, Venado Tuerto, Ceres, Esperanza, San Carlos Centro, San Genaro y otras localidades acompañaron el reclamo.
Desde el oficialismo no tardaron en contestar. Consideraron que fue una ofensiva instigada por los dirigentes provinciales justicialistas, y retrucaron que la actual gestión mejoró sustancialmente la situación de los municipios. “En fiscalía tramitan 117 denuncias hacia el estado provincial por la forma en como las administraciones de (Jorge) Obeid y (Carlos) Reutemann les restaron recursos a las comunas durante trece años. Con razón tenían superávit. El PJ nunca modificó el sistema de reparto de fondos: la prueba está en que los mismos intendentes que ahora nos critican, son los que llevan adelante la denuncia judicial. Nosotros coparticipamos tal como lo expresa la ley y hemos triplicado los recursos del Fondo de Obras Menores. Por eso el reclamo es inentendible. Creo que se trata exclusivamente de un posicionamiento político”, opinó Fernández.
A su vez, el funcionario negó que el estado provincial mantenga una deuda de 70 millones de pesos con Aguas Santafesinas como expresa la misiva de los intendentes. “No me consta. Pero en todo caso, si fuera así, tiene que ver con la caída en la recaudación. Hay más de mil millones que teníamos proyectado en 2009 y no recaudamos, con lo cual quedamos en deuda con algunas reparticiones”, explicó. Y preguntó: “¿Y qué pasa con toda la plata que pone el Tesoro para Aguas Santafesinas? Porque si bien es una sociedad entre el estado provincial y los quince municipios, la única que pone dinero es la provincia”, se quejó.
Fernández relacionó la rebelión de los intendentes justicialistas con las críticas que realizó esta semana el Ministro de Planificación Julio De Vido. “Ambas son posturas políticas. Le digo a De Vido que si la Nación nos coparticipara los cinco mil millones de pesos que nos debe en concepto del impuesto al cheque, el fondo de AFIP y de Ansés podríamos hacer mejores políticas. Nos restan fondos de la Nación, ha caído la recaudación fiscal pero así y todo nunca coparticipamos a los municipios y comunas menos de lo que les corresponde”, remarcó.
Por Evelyn Arach
Juan Carlos Pucciarelli dijo que este Gobierno puso fin a la cultura del amiguismo y al clientelismo en el ingreso de los empleados.
Comparación en la incorporación de empleados en la gestión anterior y en la gestión de Binner.
EL 83% DE LOS AGENTES PÚBLICOS INCORPORADOS POR LA GESTIÓN BINNER FUERON A EDUCACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD.
En total, la planta permanente de empleados se incrementó en 2.692 puestos en dos años.
Según datos oficiales, entre diciembre de 2007 y setiembre de 2009, ingresaron 2.692 agentes a la planta de personal del Estado santafesino. De esa cantidad, el 82,98% son docentes, personal de seguridad y profesionales de la salud.
“Estas cifras dejan en claro cuál es la prioridad del gobierno”, afirmó Juan Carlos Pucciarelli, subsecretario de Recursos Humanos y Función Pública, al tiempo que precisó que el conjunto de incorporaciones a planta significan un incremento del 2,44%.
“Mientras la gestión del gobernador Hermes Binner lleva incorporados unos 2.700 agentes en dos años, en el período comprendido entre 1983 y 2007 ingresaron más de 43.000 personas a la administración pública. Es decir, que la planta se agrandó a un ritmo promedio de 7.000 empleados cada cuatro años”, añadió.
En diciembre de 1983, la provincia de Santa Fe tenía 67.116 empleados públicos (sumados el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial); para ese mismo mes de 2007 esa cantidad había ascendido a 110.423. Esta última cifra representa un incremento del 64,5%.
“Por caso, durante la última gestión de Jorge Obeid, entre 2003 y 2007, ingresaron a planta 8.885 nuevos agentes, es decir, que el Estado santafesino incrementó su planta en un 8,75%. De esas casi 9.000 personas, casi un 50% fue a parar a la administración central. No sólo eso, sino que la mayoría de los ingresos de personal administrativo que tuvieron lugar en 2008 correspondieron a actas firmadas durante 2007”, indicó Pucciarelli.
En la actualidad, la planta permanente está compuesta por 113.115 agentes.
CARGOS PRESUPUESTADOS VS CARGOS OCUPADOS
“Si bien cada presupuesto prevé la creación de determinada cantidad de cargos en función de los proyectos a desarrollar por cada área, es sabido que el uso de los mismos depende de que se cumpla el conjunto de las estimaciones macroeconómicas en que se apoya el cálculo de los recursos y gastos del Estado”, recordó Pucciarelli.
“Es un error o una interpretación malintencionada confundir los cargos presupuestados con los que efectivamente se ocupan en cada ejercicio”, añadió.
En cuanto al proyecto de presupuesto 2010, el titular de Recursos Humanos afirmó que de un total de 2.693 cargos previstos, 2.081 (77%) corresponde a docentes, personal de seguridad y para el nuevo sistema de justicia penal.
POR PRIMERA VEZ SANTA FE TIENE UNA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
Desde el inicio de la actual gestión, la incorporación a la planta de personal temporario o permanente se realizó a través de un inédito sistema de ingreso, que prevé cuatro etapas de evaluación e incluye la veeduría gremial.
“Durante todas las administraciones anteriores, el ingreso a planta fue absolutamente discrecional y estuvo fuera de cualquier instancia de control. El nuevo sistema de selección puso fin a la cultura del amiguismo y clientelismo con que se manejaron todos los gobiernos justicialistas y, además, se independizó de las cuestiones partidarias”, remarcó Pucciarelli.
En tanto, en setiembre de este año el gobierno restableció los concursos internos para el desarrollo de la carrera administrativa, que estaban suspendidos desde 1987.
Balance del Partido Solidaridad e Igualdad (SI) en el Frente Progresista
Cumplida la mitad de la gestión del Frente Progresista en el gobierno provincial es momento de hacer un balance y de cotejar éste con las necesidades de la población, las expectativas generadas y el futuro de éste frente político y social.
Es evidente que la gestión ha demostrado públicamente una voluntad transformadora en sus proyectos y concreciones, con transparencia, ejecutividad y un claro rol del “estado de bienestar” en la gestión de políticas públicas. Existen deudas internas y externas que deberán encararse con madurez, con más funcionarios compenetrados del proyecto político al que le falta ser profundizado y debatido en detalle en el seno de los partidos integrantes del frente.
Es notorio que las áreas de Salud, Trabajo, Innovación y Cultura, Obras Públicas, Educación y DDHH han sabido mostrar públicamente las diferencias con los 25 años previos. En otros sectores se han observado mayores dificultades para concretar los objetivos, pero creemos que están cumpliendo dignamente con lo previsto a pesar de la crisis y de las situaciones adversas en lo económico.
Es importante que la institucionalización del FRENTE pueda ser una herramienta donde los partidos integrantes tengan el lugar donde debatir el rumbo del gobierno, los funcionarios a llevar adelante las propuestas e ir monitoreando juntos el cumplimiento de los objetivos. Los dos partidos mayoritarios y aquellos que tenemos representaciones ideológicamente afines para encarar un acuerdo de proyectos debemos construir una herramienta con reglas claras, objetivos precisos y discutir cuáles son los hombres y mujeres capaces para llevarlas adelante. El aporte de todos los partidos integrantes de este progresismo social es imprescindible, no sólo en la hora de transmitir la función del gobierno a sus simpatizantes, sino receptar, aportar al frente electoral cuando se llevan a cabo proyectos de mediano y largo alcance. Las denominadas políticas de estado, tales como servicios de agua potable para todos los santafesinos, comunicaciones viales, incentivos de las pymes productivas, trabajo decente, inclusión social, seguridad y políticas contra el delito, seguridad jurídica, son el centro del accionar del gobierno y no deben ser reflejos de ningún dirigente ni partido en su matriz individual, sino producto del contenido de una permanente discusión colectiva donde estemos involucradas todas las fuerzas políticas y sociales portadoras de múltiples miradas.
Tal como lo demostrara el Frente Amplio de Uruguay, estamos convencidos de que éste es el camino. Con una participación mayor, debate y diálogo de los protagonistas e integrantes del frente, seguramente podremos consolidar el proyecto iniciado en 2007 con Binner –Tessio al frente de la esperanza de la mayoría de los santafesinos.
PARTIDO SI PROVINCIA DE SANTA FE
Alicia Gutiérrez Gustavo Gamboa Oscar Belbey
Diputada Provincial Secr. Adjunto Secr. General
Dejó de funcionar la balsa que une Santa Fe y Paraná
Durante 40 años fue un medio para cruzar el Paraná. Con la apertura del puente Rosario-Victoria, el tránsito de camiones con combustible y sustancias peligrosas ya no utiliza más el servicio.
Desde hace 40 años, las ciudades de Santa Fe y Paraná permanecieron unidas por un servicio de balsas. Si bien el túnel subfluvial Uranga-Begnis canalizó la mayor cantidad de vehículos, las balsas eran utilizadas para transportar los camiones con combustible y sustancias peligrosas, que no podían acceder al túnel.
Sin embargo, a partir de la habilitación del puente Rosario-Victoria -en 2003-, los camiones comenzaron a tomar esta vía para cruzar de la provincia de Santa Fe a la de Entre Ríos. Esto provocó una disminución paulatina de la demanda de las balsas, hasta que en la actualidad prácticamente no hay clientes que soliciten el servicio.
“A partir de la habilitación del puente Rosario-Victoria, todo lo que es transporte de sustancias peligrosas y combustible entra a Entre Ríos por Victoria, en lugar de utilizar los servicios de la balsa.
Paulatinamente, disminuyó la demanda de este medio hasta que se quedó sin clientes. No tiene servicio porque no hay quién esté interesado en cruzar”, aseguró el teniente coronel Fernando Dorrego en declaraciones a Cable & Diario.
¿Nunca más?
Consultado acerca de si el sistema se podría volver a usar, el teniente coronel aseguró que es posible, sólo depende de la demanda. “Si alguna vez aparece un interesado, se puede usar la balsa sin ningún problema. No hay ningún inconveniente: los muelles siguen estando y siguen siendo operables. También se pueden usar si hay algún problema en el túnel o el puente Rosario-Victoria”.
En este sentido, Dorrego remarcó la utilidad de las balsas, a las que comparó con “un puente más”. “Son un recurso que permiten unir la Mesopotamia con cualquier otro punto del país. Cada balsa puede transportar 240 toneladas. Si se da una crisis en un puente o un túnel, la única alternativa de que se dispone es la balsa”.
El teniente insistió en que “las balsas están habilitadas y en servicio, pero mientras no haya clientes es un pérdida permanente navegar el Paraná por el solo hecho de navegarlo”. Asimismo, reconoció que al dejar de prestar el servicio, se genera un impacto económico “porque la línea generaba ciertos recursos para mantener las balsas operables”.
¿Dónde están las balsas en este momento? “De las tres balsas, una está cerca de Gualeguay, ayudando al Estado en la evacuación de ganado; otra está alistada también para evacuación de ganado desde Diamante hacia el sur; la tercera está fondeada en Paraná, lista para apoyar a la comunidad en lo que se necesite”, especificó Dorrego. Fuente : ellitoral
Pidieron "Prudencia y mesura política": La Corte Suprema de Justicia respondió a las declaraciones de Binner
“Resultan por lo menos preocupantes las manifestaciones respecto de una supuesta connivencia o pacto entre el Poder Judicial y referentes políticos, sin precisar casos concretos, ni indicar los elementos demostrativos de tan grave imputación”, dice en uno de sus tramos el comunicado.
La Corte Suprema de Justicia respondió este miércoles a las declaraciones del gobernador de la provincia, Hermes Binner, quien dijo el lunes que “si yo fuese miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, hoy presentaría mi renuncia”, afirmación realizada como derivación del caso Fraticelli
Al respecto, la Corte dio a conocer un comunicado en el que, textualmente, sostiene:
“La Corte Suprema de Justicia, que junto a los restantes poderes del Estado conforman el gobierno constitucionalmente establecido de la Provincia de Santa Fe, se ve en el deber de formular la presente declaración con motivo de las apreciaciones efectuadas por el señor Gobernador de esta provincia, que fueron ampliamente difundidas por los medios periodísticos.
“En primer término y conscientes de los tiempos que nos toca a todos atravesar, cabe destacar que la prudencia y mesura política constituyen, hoy más que nunca, valores que deben ser preservados de modo especial por las autoridades que ocupan cargos de máxima responsabilidad política, por encarnarse en ellas la representación del poder institucionalizado.
“Que precisamente por ello, es deseable que las opiniones que dichas autoridades expresan, más allá de la firmeza y convicción con que las mismas sean expuestas, encuentren un límite en la debida consideración y respeto que, en el marco de las relaciones institucionales, se deben entre sí los distintos poderes del Estado.
“Por tal motivo, resultan por lo menos preocupantes las manifestaciones respecto de una supuesta connivencia o pacto entre el Poder Judicial y referentes políticos, sin precisar casos concretos, ni indicar los elementos demostrativos de tan grave imputación. No puede dejar de advertirse que toda generalización no hace más que poner en tela de juicio la independencia de todos los magistrados y contribuye -injustificadamente- a alentar la desconfianza hacia uno de los poderes del Estado, impidiendo discernir responsabilidades concretas.
“Cuestionar la existencia de uno de los valores intrínsecos de la magistratura, y hacerlo de modo generalizado, daña la imagen de un poder judicial que se nutre de jueces y funcionarios que ejercen dignamente y al límite de sus posibilidades la función judicial, y de prestigiosos magistrados y funcionarios cuyos nombres y méritos trascienden las fronteras de la provincia y el país.
“Por otra parte, y sin perjuicio de la libertad que cualquier ciudadano tiene para expresar sus opiniones y críticas, no resulta aceptable y luce desproporcionada la sugerencia que se formula a jueces que han resuelto en un sentido determinado una causa judicial de indudable trascendencia pública. En primer lugar, porque esos jueces -como todos- tienen en el marco de sus atribuciones jurisdiccionales una amplia libertad para decidir en las causas en las que intervienen (precisamente por ello existen numerosas sentencias con votos divididos) y el sistema posibilita la revisión y hasta la anulación por parte de tribunales superiores de dichas decisiones; y, en segundo lugar, porque, salvo las causales legal y constitucionalmente establecidas, no pueden ser cuestionados por el contenido de sus sentencias.
“Tampoco es posible derivar de una decisión de segunda instancia, recaída en una causa donde está en juego la inocencia o culpabilidad de justiciables, que además, aún se encontraría en trámite, y, por tanto, expuesta a la revisión de órganos jurisdiccionales superiores, la falta de compromiso de los integrantes de esta Corte y del Poder Judicial en general en el impulso y transformación del sistema procesal penal de nuestra Provincia y del sistema judicial en su conjunto. Tanto es así que la Declaración Inicial del Plan Estratégico del Estado Provincial para la Justicia Santafesina data del 10 de mayo de 2006 y le cupo a esta Corte la iniciativa de dicho plan, el que pasó a constituirse en un hecho inédito en el país, logrando la participación de todas las expresiones institucionales, políticas, académicas, profesionales y judiciales para tratar una agenda de once temas sobre los que se arribó en su totalidad a proyectos consensuados, varios de los cuales aún se encuentran en trámite ante la legislatura de la Provincia y otros han sido convertidos en ley como el Código Procesal laboral y el propio Código Procesal Penal, que hoy se trata de implementar progresivamente. Asimismo, fue esta Corte la que debió acudir a sus excepcionales poderes reglamentarios, ante la ausencia de normativa procesal en relación al tema.
“Demás está señalar que muchos integrantes del Poder Judicial bregaron desde hace muchos años por el proceso de modernización, integraron diversas comisiones de reforma e incluso asumieron la responsabilidad de intervenir en el diseño normativo que finalmente fuera aprobado. Que sin perjuicio de lo expuesto, es con el mismo compromiso y en la misma línea de pensamiento y acción, que esta Corte viene construyendo un diálogo enriquecedor de las ideas individuales, generando ámbitos de intercambio y trabajo con diversas autoridades, a través de los cuales siempre se han obtenido resultados superadores, en los encuentros mantenidos con los titulares de los demás poderes del Estado, integrantes de los cuerpos legislativos, colegios profesionales, representaciones gremiales y autoridades universitarias, sobre todas las temáticas y materias, que hacen a la prestación del servicio de justicia, de manera de coordinar, entre otros, el más eficiente proceso de transición entre el viejo y el nuevo sistema procesal penal, como asimismo el de incorporar las nuevas estructuras procesales y herramientas necesarias para su instrumentación y, por tanto, para la mejor prestación del servicio. En esa línea de acción, no se puede ignorar la dedicación y los esfuerzos que viene empeñando este Poder Judicial en los temas de capacitación, mediación, recursos humanos y materiales que, inclusive, se han gestionado conjuntamente con el Poder Ejecutivo, para acompañar decididamente el proceso de transición entre el nuevo y el viejo sistema, todo lo cual pone claramente en evidencia que no sólo no se es refractario al cambio, sino que hay un decidido involucramiento en el mismo.
“En similar orden, sorprende también que en dichas declaraciones se pretenda endilgar a este Poder Judicial la designación de uno de los integrantes de este Cuerpo, toda vez que aquella designación fue dispuesta por los otros dos órganos democráticamente constituidos del Estado, y a través del procedimiento constitucionalmente previsto para ello.
“Que, finalmente, este Tribunal como cabeza del Poder Judicial de la Provincia, desea expresar que lejos de incentivar la toma de innecesarias y estériles posiciones enfrentadas, aspira a que las declaraciones periodísticas del señor Gobernador de la Provincia hayan constituido un episodio aislado, que seguramente se superará a poco que se retome el camino común en el marco del diálogo institucional siempre mantenido, el que -según lo entiende esta Corte- no es tanto el que se ofrece o se reclama, sino el que se construye cotidianamente.
“En ese orden de ideas, es preciso insistir que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia permanece dispuesta a transitar dicho camino, al que no habrá de renunciar, en tanto de por medio se encuentran valores fundamentales que hacen a la vida misma del Estado y a la satisfacción de las necesidades fundamentales de nuestro pueblo”.-


