Estación Santa Fe

Entradas con la etiqueta ‘sociedad’

“Nunca restamos dinero a municipios”
El secretario de Finanzas, Carlos Fernández, salió al cruce de un comunicado de los jefes comunales justicialistas, quienes habían “rechazado enérgicamente” los aumentos de tarifas, reclamaron obras y dudaron del destino de los fondos.

El secretario de Finanzas Públicas de Santa Fe, Carlos Fernández, salió ayer a responderle al Foro de Intendentes y Presidentes de Comunas Justicialistas por sus críticas al aumento de tarifas. “Son planteos exclusivamente políticos. Esta gestión triplicó los fondos que llegan a los municipios para obras públicas, a diferencia de lo que hizo el PJ cuando gobernó”, sostuvo el funcionario en diálogo con Rosario/12. Y agregó que el reclamo “no se entiende de ninguna manera”. El Foro había sorprendido con un manifiesto en el que expresaron su “enérgico rechazo” a la decisión del gobierno provincial de aumentar en 60 días las facturas de agua en un 19 por ciento y la de energía eléctrica, en un seis por ciento. Sostuvieron que en sus localidades no hay obras que lo justifiquen. Las críticas se sumaron a las ya formuladas por el ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, sobre las tarifas locales.

Unos veinte intendentes de la provincia de Santa Fe nucleados en PJ salieron ayer a pegarle duro al gobierno. “Ya van dos años de esta gestión y ningún municipio o comuna vio obras que mejoren la calidad de vida de su gente, que justifiquen los sucesivos aumentos tarifarios que viene realizando ASSA”, se lee en el comunicado. Y añade: “Existe un déficit enorme por parte de la administración provincial con todos los santafesinos. Dos ejemplos claros de esto han sido la poca cantidad de obras de saneamiento y de mala calidad realizadas en 2009 y la falta de un plan para 2010″.

Al texto escrito se sumaron las opiniones en primera persona de los distintos jefes comunales de la región liderados por Alejandro Ramos, de Granadero Baigorria. “Que nos digan qué van a hacer con la plata porque en todo el 2009 en nuestra ciudad la calidad del agua fue muy mala y no hubo obras de extendido cloacal de ningún tipo”, enfatizó. Y sostuvo que lo mismo sucede en otros ámbitos: “Baigorria tiene 50 mil habitantes y en 2009 recibió dinero apenas para pavimentar diez cuadras, es una vergüenza”. Sus pares de Puerto General San Martín, Fray Luis Beltrán, Pérez, Venado Tuerto, Ceres, Esperanza, San Carlos Centro, San Genaro y otras localidades acompañaron el reclamo.

Desde el oficialismo no tardaron en contestar. Consideraron que fue una ofensiva instigada por los dirigentes provinciales justicialistas, y retrucaron que la actual gestión mejoró sustancialmente la situación de los municipios. “En fiscalía tramitan 117 denuncias hacia el estado provincial por la forma en como las administraciones de (Jorge) Obeid y (Carlos) Reutemann les restaron recursos a las comunas durante trece años. Con razón tenían superávit. El PJ nunca modificó el sistema de reparto de fondos: la prueba está en que los mismos intendentes que ahora nos critican, son los que llevan adelante la denuncia judicial. Nosotros coparticipamos tal como lo expresa la ley y hemos triplicado los recursos del Fondo de Obras Menores. Por eso el reclamo es inentendible. Creo que se trata exclusivamente de un posicionamiento político”, opinó Fernández.

A su vez, el funcionario negó que el estado provincial mantenga una deuda de 70 millones de pesos con Aguas Santafesinas como expresa la misiva de los intendentes. “No me consta. Pero en todo caso, si fuera así, tiene que ver con la caída en la recaudación. Hay más de mil millones que teníamos proyectado en 2009 y no recaudamos, con lo cual quedamos en deuda con algunas reparticiones”, explicó. Y preguntó: “¿Y qué pasa con toda la plata que pone el Tesoro para Aguas Santafesinas? Porque si bien es una sociedad entre el estado provincial y los quince municipios, la única que pone dinero es la provincia”, se quejó.

Fernández relacionó la rebelión de los intendentes justicialistas con las críticas que realizó esta semana el Ministro de Planificación Julio De Vido. “Ambas son posturas políticas. Le digo a De Vido que si la Nación nos coparticipara los cinco mil millones de pesos que nos debe en concepto del impuesto al cheque, el fondo de AFIP y de Ansés podríamos hacer mejores políticas. Nos restan fondos de la Nación, ha caído la recaudación fiscal pero así y todo nunca coparticipamos a los municipios y comunas menos de lo que les corresponde”, remarcó.

Por Evelyn Arach

Estados Unidos tiene la más alta tasa de criminalidad de los países desarrollados. Una nueva investigación acaba de arrojar importantes conclusiones que pueden ser muy útiles en América Latina.

Muestra que de cada 10 hombres que no terminaron el colegio secundario, uno está actualmente en la cárcel. Mientras que entre los que finalizaron la secundaria es sólo uno de cada 35. Entre los jóvenes que no terminan la secundaria la posibilidad de caer en la delincuencia es más de 400% mayor. La conclusión es clara, reforzar la educación.

Otro estudio mostró que 2/3 de los que salen de la cárcel, vuelven a ella antes de l3 años. Al salir con prontuario la posibilidad de conseguir trabajo es remota. El Congreso americano lo entendió y aprobó la “Ley de la segunda oportunidad”. Se compromete a darles todo tipo de apoyo laborales, y educativos para reinsertarlos. Baja la reincidencia, y es mucho menos costoso que lo que se gastaría en policía, juicios, y cárceles.

En América Latina aumenta la demanda ciudadana por seguridad.

Es totalmente legítima, pero se corre el riesgo de caer en manos de una visión demagógica: “la mano dura”. Promete solucionar el problema, bajando la edad en que se puede encarcelar a los niños, dando más facultades a la policía, suprimiendo derechos jurídicos.

Culpa a los jueces por las reincidencias.

En los países en donde se aplicó la delincuencia joven subió en lugar de bajar porque no ataca sus causas, sino las agrava. El 50% de los jóvenes no termina la secundaria. Desertan por los males de la pobreza. Las empresas no aceptan personas sin secundaria. Uno de cada cuatro jóvenes ha quedado fuera del mercado de trabajo y del sistema educativo.

Los jóvenes pobres son además el sector más discriminado. Se los prejuzga de antemano. Una prestigiosa ONG Periodismo Social, analizó 120.000 noticias en 22 diarios argentinos. Concluyó: “pocas fuentes, pocas estadísticas, títulos que condenan antes que lo haga la justicia”.

La mano dura ignora todo esto, y sólo los reprime.

Hay en América Latina dos tipos de crimen que hay que diferenciar. Uno es el crimen organizado, las bandas del narcotráfico, la trata de personas, los secuestros. La sociedad debe defenderse con todo el peso de la ley, fortaleciendo y profesionalizando la policía para encararlas. Otro distinto es la delictualidad joven, de menores excluidos de todo. La mano dura los termina de expulsar de la sociedad, facilita que el crimen organizado pueda reclutarlos ante su desesperación. Eso está sucediendo según las cifras con las maras en Centroamérica, en Ciudad Juárez, en el Gran Buenos Aires argentino.

La mano dura es una gran estafa. La verdadera mano dura es la que hay que aplicar a las causas de la delincuencia joven, dando a los jóvenes marginados oportunidades de trabajo, de educación, y fortaleciendo sus familias.

(*) Premio 2009 del Rey Juan Carlos I de España al “Merito Civil”.

Este año el presupuesto provincial destinado al Ministerio de Educación fue de 4.379.128.366 pesos, lo que representa el 35 por ciento del total de los recursos de la administración central del Estado provincial, 1.012 millones más de lo comprometido con la Nación a través de la Ley de Financiamiento Educativo.

La provincia de Santa Fe sobrecumplió, por segundo año consecutivo, la exigencia en materia de inversión educativa establecida por la ley Nacional de Financiamiento Educativo, al destinar este año 4.379 millones de pesos, 1.012 millones de pesos más que el monto comprometido con la Nación. El gobierno provincial destina a Educación un 35 por ciento del presupuesto.

El gobernador Hermes Binner y el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, suscribieron hoy en Rosario las actas de monitoreo de metas y acciones comprometidas por la provincia con el gobierno central por la Ley de Financiamiento Educativo para los años 2008 y 2009.

En la oportunidad Sileoni indicó que “esta provincia sobrecumplió las metas” y esto se ve reflejado “en los establecimientos construidos, el aumento de cargos, la titularización de los docentes, la capacitación en servicio y la solidez de los niveles inicial y primario”, indicó el titular de la cartera educativa nacional.

Con la firma del acta de monitoreo, la provincia recibió el visto bueno de la Nación respecto del cumplimiento de las metas educativas planteadas para los años 2008 y 2009. El monitoreo contempla el control de la ejecución, por parte de la provincia, de los fondos que recibe de la Nación para destinarlos a infraestructura, equipamiento, becas y capacitación docente, entre otros rubros. También se miden los logros obtenidos a través de la aplicación de los distintos programas.

El monitoreo que realiza la Nación tiene su origen en 2005, con la puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Educativo. Por esta norma, las provincias y el gobierno nacional se comprometen a desarrollar diferentes acciones para arribar a 2010 con un incremento en la inversión educativa, ciencia y tecnología que llegue al 6% del PBI.

También participó del acto, que se realizó en el salón Blanco de la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, la titular de la cartera educativa provincial, Elida Rasino.

“Creemos en la escuela pública”

En la oportunidad, Binner sostuvo que “necesitamos incorporar la inclusión social a través de la escuela. Creemos en la escuela pública; la escuela es el atractivo cultural fundamental de la construcción de una ciudad y de una provincia”, expresó el mandatario provincial.

“Tenemos muchísimo por hacer y estamos encaminados y contentos por haber sobrecumplido, pero podemos seguir avanzando. Este es el camino para empezar a recuperar la sociedad”, auguró Binner.

Asimismo, el ministro de Educación nacional recordó que la Ley de Financiamiento Educativo “impone la realización de convenios bilaterales entre la Nación y las provincias. No son tiempos fáciles y necesitamos que haya hermandad; la educación dejó de ser un problema para los educadores y pasó a ser de la sociedad argentina; hoy hay más conciencia de que es un tema de todos”, puntualizó Sileoni.

Por último, Rasino destacó que el gobierno provincial “está invirtiendo más del 35 por ciento del Presupuesto en educación. Es una decisión política de todo un gabinete con verdadera vocación de diálogo”, indicó.

“Necesitamos que la sociedad toda ubique estos temas en la agenda, porque sólo una sociedad formada jerarquiza la educación”, concluyó la ministra provincial.

Metas 2009 sobrecumplidas

En el año 2009, el presupuesto provincial destinado al Ministerio de Educación fue de 4.379.128.366 pesos, lo que representa el 35 por ciento del total de los recursos de la administración central del Estado provincial.

Asimismo, en el marco de la ley de Financiamiento Educativo, en 2008 se invirtió 3.438 millones de pesos, 669.663.246 pesos por sobre las metas requeridas, lo que representa un 23,05 por ciento más.

En tanto en 2009 se destinó a Educación 4379 millones de pesos, 1.012 millones de pesos más que lo requerido por la Nación, lo que representa un 22,6 por ciento.

Fuente: Secretaría de Comunicación Social

La Cámara de Senadores otorgó media sanción a un proyecto de ley de Eduardo Rosconi. La Corte Suprema deberá sistematizar la información de cada caso con condena. Entre otros datos, se tomarán muestras del ADN de violadores y abusadores.

Sobre la base de estadísticas que señalan que se trata de delitos con un alto porcentaje de reincidencias, el Senado santafesino aprobó ayer un proyecto de ley que crea un registro sobre condenados por delitos contra la integridad sexual.

Será la Corte santafesina la que deberá administrarlo y -en los casos que lo considere- eventualmente suministrar información a los particulares sobre los nombres de quienes fueron condenados por violaciones o abusos sexuales.

El proyecto de ley, con media sanción de Senado que fue presentado por Eduardo Rosconi, dice en su primer artículo que de cada condenado se registrarán “sus datos personales, físicos, fecha de condena, pena recibida y demás antecedentes del historial delictivo”, para los delitos descriptos por el Código Penal Argentino – Libro Segundo, Título III (Capítulos II, III y IV).

Además, el registro contendrá fotografías de los abusadores sexuales y violadores y lo más importante: el registro de su ADN.

El segundo artículo está llamado a despertar una polémica de fondo, porque en su letra se muestran las tensiones entre dos derechos: el de los ciudadanos a protegerse de las reincidencias y el de los condenados que cumplieron su pena a reintegrarse a la sociedad.

Su texto dice: “Artículo 2º. Autoridad de aplicación: Será la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe quien estará encargada de actualizar en forma permanente los datos de las personas sujetas a este Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual y de suministrar información a las personas, que previa justificación de un interés legítimo, así lo soliciten”.

Por unanimidad

La Cámara de Senadores de Santa Fe votó por unanimidad el proyecto de ley que pasó a Diputados. El texto de Eduardo Rosconi fue antes consensuado con otro de su par -también justicialista- José Baucero.

En los últimos años han fracasado varios intentos de consagrar una legislación sobre el tema. Hubo propuestas garantistas y otras más duras con los victimarios, atendiendo el alto nivel de reincidencia de los abusadores sexuales.

La Cámara Baja del Congreso aprobó por 136 votos a favor (necesitaba 129) contra 99 en contra y una abstención el proyecto que, entre otros cambios, propone elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas en todos los partidos.

El kirchnerismo consiguió hoy los votos para lograr la sanción en la Cámara Baja del proyecto de reforma política, aunque con un ajustado margen dado que los bloques de centro izquierda, que en más de una ocasión operaron como aliados en el recinto, votaron en contra.

La iniciativa, ahora girada al Senado, recibió más de cincuenta modificaciones en el plenario de las comisiones respecto del texto original remitido por el Ejecutivo, y fue aprobada por 136 votos positivos (incluido el voto del presidente del cuerpo, Eduardo Fellner), contra 99 negativos y 1 abstención.

En un trámite rápido, se votó en general y en particular de una sola vez, el oficialismo superó aunque en forma ajustada los 129 votos (es decir, mayoría calificada), necesarios para hacer una reforma del Código electoral.

El eje de la reforma es la realización de elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas en todos los partidos, el segundo domingo de agosto del año electoral correspondiente. Entre los cambios incorporados, “se reduce a 1,5 por ciento” el piso de los votos para poder pasar a la elección general contra el 3 por ciento que decía el proyecto original, un punto que afectaba a los partidos chicos. Además, se bajó el piso electoral para conservar la personería del 3 al 2 por ciento del padrón electoral del distrito correspondiente y se mantiene el requisito actual de la inscripción en cinco jurisdicciones para que un partido sea nacional.

Voces en el Congreso

El peronista bonaerense Jorge Landau explicó el proyecto por el Frente Para la Victoria, en lugar de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño, quien si bien todavía forma parte del bloque oficialista, suena para encabezar una bancada de justicialistas disidentes.

Landau, apoderado del PJ nacional, destacó que el proyecto impulsado por el Ejecutivo reseñó que la propuesta oficialista dispone la extinción “de las acciones públicas iniciadas por el Ministerio de Interior respecto de la caducidad (de partidos políticos), para que puedan hacer borrón y cuenta nueva” y aclaró que las boletas para votar en las “primarias” estarán punteadas para permitir el corte, como en las elecciones generales.

Sobre el financiamiento, indicó que “el Estado se va a hacer cargo del grueso del costo de la campaña electoral” lo cual estimó que beneficiará especialmente a los partidos chicos.

Las voces más duras contra el proyecto fueron de los bloques de centro-izquierda, aliados eventuales del oficialismo, del SI, Encuentro Popular y Social y Proyecto Sur. Al rechazar la propuesta oficial, el bonaerense del SI apuntó que “la primera reforma política debe ser la cuestión social”, reconoció que “a diferencia de otros proyectos que sí apoyamos, hoy no estamos de acuerdo con el corazón de esta iniciativa” que son “las internas abiertas” porque en lugar de reordenar “el sistema político” se creó para resolver las internas “del PJ y la del Acuerdo Cívico”.

Su compañero de bancada Eduardo Macaluse fue admonitorio, al sostener que la ley busca “resolver la interna del partido gobernante” y añadió: “Estoy seguro de que si el gobierno considera que la interna la pueda perder esta ley va a tener alguna modificación. Acuérdense lo que digo porque la interna puede dejar de ser obligatoria”, vaticinó.

Mientras, la ex kirchnerista Vilma Ibarra indicó que la iniciativa “tiene el objetivo de reinstalar el viejo bipartidismo”, consideró que la medida no ataca “el grave problema de representación política” existente en el país y que presenta “una cantidad de obstáculos para obtener la personería, argumentando que el problema son los partidos chicos”.

Desde el radicalismo, uno de los partidos beneficiados por la norma, el jefe del bloque, Oscar Aguad, adelantó el voto negativo, aunque lo justificó en la falta de tiempo para el tratamiento del proyecto, pero aclaró que “el bipartidismo es un hecho natural de la sociedad. Lo vota la gente, no lo hace una ley”.

El jefe del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, planteó la necesidad de instaurar “un sistema independiente” para organizar y controlar los procesos electorales y volvió a reclamar la implementación de la boleta única. Del PRO, Christian Gribaudo ratificó la posición de su bloque en contra de la norma y manifestó que “una reforma política seria tiene que ser abierta a la sociedad” y tender a “fortalecer un sistema de partidos que está naciendo en la Argentina, que tiene que ver con figuras que han sido reconocidas por la sociedad”.

Por su parte, el jefe del bloque K, Agustín Rossi, negó que la iniciativa sea “un traje a medida para tal o cual candidato” y afirmó que, en realidad, “viene a favorecer las disidencias”, además de que el hecho de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias hará que “el peso de los oficialismos partidarios sea mucho menor en termino relativo”.

DYN